04.07.2023 / Judiciales
Absolvieron a Parrilli y a la ex titular de la Casa de la Moneda en dos juicios por presunta corrupción
El TOF 7 absolvió a todos los imputados, entre ellos el senador nacional y Katya Daura, en dos juicios simultáneos por supuesta corrupción durante el gobierno kirchnerista de 2003 a 2015. Habían iniciado por denuncias del macrismo, que al final no prosperaron.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) absolvió este lunes al actual senador nacional Oscar Parrilli y a la extitular de la Casa de Moneda Katya Daura en una causa donde se los juzgó por presunta administración fraudulenta a raíz de fondos destinados a publicar el libro "La década ganada", que nunca llegó a imprimirse.
Sobre Daura, además, pesaba otra acusación que había llevado a la fiscalía a pedir cinco años de prisión por la presunta contratación irregular de seguridad privada.
La absoluciones del exsecretario General de la Presidencia durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner y de la ex titular de la Casa de la Moneda, así como de otros cuatro imputados, por el caso del libro que nunca se publicó habían sido solicitadas por la propia fiscalía en su alegato final.
Al mediodía, Parrilli rechazó hacer uso de sus últimas palabras antes del veredicto que luego dieron a conocer los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.
Por ello llegaron acusados Parrilli, Daura, Javier Grossman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario; y de Matías Njirjiak, ex jefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda.
El segundo fue contra Daura, el ex asesor de seguridad de la Casa de la Moneda, Mario Enrici, y el ex gerente general, Raúl Desmarás. A la ex funcionaria entre 2012 y 2015 se la acusaba de haber contratado con fondos de la Casa de la Moneda un sistema de seguridad privada para ella, su familia y su domicilio cuando no estaba justificado.
Sin embargo, los jueces entendieron que en ninguno de los dos casos existió delito y por unanimidad dictaron la absolución de todos los acusados. Los fundamentos de las decisiones se conocerán el próximo 12 de septiembre al mediodía.
En el caso del libro “La década ganada” la absolución era cantada ya que en sus alegatos la fiscal Dafne Palópoli pidió la absolución de todos los acusados. Precisó que hubo errores en la interpretación del caso durante la primera instancia y que la acusación contra los ex funcionarios no se pudo probar.
Señaló que pudo haber existido incumplimientos en funcionarios de segunda línea, pero pidió el sobreseimiento bajo el concepto de que los funcionarios padecieron “obsecuencia institucional” porque tenían que realizar el libro para que esté listo el 25 de mayo de 2013.
Como no podía ser de otra manera, la fracasada causa se había iniciado en 2016 por denuncia del titular de Casa de la Moneda del entonces nuevo gobierno de Cambiemos, Marcelo Pose.
En el caso de la seguridad de Daura, el fiscal Gabriel González Da Silva había pedido cinco años de prisión, tres años de prisión en suspenso para Enrici y Desmarás por el delito de peculado de servicios, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de $98 millones, el monto actualizado de lo que se gastó, según dijo, en forma injustificada.
Las defensas de los tres acusados pulverizaron la acusación y pidieron sus absoluciones. “La Fiscalía no mencionó una sola norma que diga cuál es la conducta debida para valorar la situación de los imputados. Es un principio básico de legalidad, del derecho penal ¿Qué norma decía que Casa de la Moneda estaba obligada a pedirle al Ministerio de Seguridad de la Nación? Hay que indicar una norma”, argumentó Matías Molinero, abogado de Daura.
Tras repasar la declaración de los peritos que expusieron en el juicio oral mostró que se concluyó que dijeron que las medidas adoptadas para la custodia de Daura y su familia era “las adecuadas y las mínimas para cumplir con el objetivo del dispositivo”.
“Históricamente Casa de la Moneda cubrió su custodia con personal del organismo, con empresas privadas y de Policía Federal. Ninguna norma la condicionaba a contratar seguridad privada”, señaló Molinero y enfatizó que “la fiscalía no probó nada en este juicio”.
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