En el marco de la problematica situación en Jujuy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó al Procurador General, Eduardo Casal, que emita un dictamen sobre el reclamo del gobierno nacional contra la reforma de la Constitución en la provincia que gestiona Gerardo Morales.
La exigencia del máximo Tribunal del país fue elevado “con el objeto de que dictamine acerca de la competencia del Tribunal, pasen las actuaciones a la Procuración General de la Nación”. La misma se da luego de las protestas y violencia que escaló en la provincia del NOA y tras el hechode que el Gobierno, a través del ministro de Justicia Martín Soria, pidió a la “acción declarativa de inconstitucionalidad” de la reforma. Allí se cuestionó particularmente los artículos 67 inciso 4°, 94 y 95, que refieren al derecho a la protesta y al uso de la tierra por parte de pueblos indígenas.
Para el gobierno nacional, la Constitución jujeña modificada “quebranta la razonabilidad que debe caracterizar a toda norma jurídica” y “supone, en síntesis, una cuestión de altísima gravedad institucional”. Entonces, la Corte debe intervenir como tribunal único por “competencia originaria”.
En el escrito presentado, el gobierno enfatizó: “Es un criterio constante de la Corte Suprema el de asumir la competencia originaria en aquellos casos en los que, mediante leyes o actos de autoridades locales, se alegue una repugnancia directa entre aquellas y normas de la Constitución Nacional”.
Y cerró:
“Tampoco debe soslayarse la innegable gravedad institucional que la cuestión conlleva, pues está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”.