Con el objetivo de avanzar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en una de las zonas más calientes del país, el Gobierno creó el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial. A través de la resolución 360/2024, desde el Ministerio de Seguridad enfatizaron en el hecho de que "las conductas criminales vinculadas con la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como los delitos conexos, representan una problemática extendida que atraviesa diversos aspectos de la vida social, acarreando consecuencias gravemente nocivas a las personas y los bienes".
Además, reconocieron que
"la cooperación interinstitucional es esencial para maximizar la eficacia de las investigaciones y la persecución de los responsables de delitos vinculados al narcotráfico y otros conexos".
Por ello, dejaron constancia de la creación de este grupo que estará integrado por dos representantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales con experiencia en áreas investigativas. Este comando tendrá como objetivo colaborar con la PROCUNAR (Procuración de Narcocriminalidad) a fin de propiciar el intercambio eficiente de información, recursos y capacidades entre las distintas entidades involucradas, asegurando la agilidad y la efectividad en el abordaje de investigaciones complejas.
El GEANRO operará de forma local, es decir, tendrá su base de operaciones en la ciudad de Rosario. Allí producirá informes de situación de narcocriminalidad. El Gobierno puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal en la ciudad santafesina de Rosario con la presencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, conformado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
El acto se llevó adelante con la presencia del Procurador General, Eduardo Casal; la Defensora General, Stella Maris Martínez y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky. Además, los acompañaron el Subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
El Sistema Acusatorio, cuya implementación fue dispuesta por la Ley 27.150 sancionada en 2015, pone la carga de la investigación en la cabeza del Ministerio Público Fiscal y brinda a los fiscales las herramientas necesarias para llevar a cabo investigaciones complejas contra la criminalidad organizada.
La implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la Justicia Federal y Nacional Penal depende del cronograma progresivo del Ministerio de Justicia, que prevé extenderlo a todo el país.
"La agilidad y la rapidez son los mayores impactos con los que contará el nuevo sistema para administrar justicia. Sus resultados en materia de eficacia y garantía van dirigidos a disminuir cuantitativamente tanto las detenciones prolongadas como los procesos sin detenidos, caracterizándose por resoluciones prontas de los Tribunales que dan certeza a las partes", explicó el Gobierno.
Tras la presentación desarrollada en Rosario, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, destacó que “este Código supera al anterior en cuanto a oralidad, inmediación, celeridad, principio de oportunidad, alternativas de resolución de conflictos, juicios orales más rápidos, expedientes digitalizados, y tiempos más limitados". Además, remarcó que "contribuirá a una mejor Argentina".
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que
“en Rosario nosotros hemos planteado un comando unificado y tres estrategias: la presencia permanente con un control muy fuerte, la tarea de inteligencia criminal que nos permite conocer qué bandas están actuando para tener una clara de persecución penal y este nuevo sistema acusatorio que nos va a traer una investigación más rápida".