El gobierno de Javier Milei adjudicó por 30 años dos de las cuatro represas patagónicas del Comahue al grupo energético Edison, integrado por Juan y Patricio Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo. La movida formó parte del proceso de reprivatización impulsado por la Casa Rosada, que dejó afuera a grandes multinacionales como AES y ENEL y consolidó el avance de empresarios cercanos al oficialismo sobre activos estratégicos del sistema eléctrico.
De acuerdo a Diario AR, los Neuss, asociados al fondo Inverlat —propietario de Havanna y administrado por Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai—, y a los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños del grupo Newsan, se quedaron con las centrales Alicurá y Cerros Colorados. El conglomerado venía expandiéndose en negocios regulados desde la llegada de Milei, con presencia en Edersa, la distribuidora eléctrica de Río Negro, y en emprendimientos de energías renovables, además de propiedades rurales e inmobiliarias.
Mientras tanto, Central Puerto —de la familia Reca, los Miguens Bemberg y los Escasany— ganó la licitación para operar Piedra del Águila, una de las usinas más relevantes por su potencia instalada. La cuarta central, El Chocón, quedó en manos del empresario Martín Uribelarrea, otro actor de estrecho vínculo con la gestión libertaria. En total, el Estado recaudará US$706 millones por las concesiones.
El resultado de las licitaciones reavivó cuestionamientos sobre la creciente influencia de Santiago Caputo en áreas sensibles del gobierno y la preferencia por grupos cercanos al poder político en la asignación de activos estratégicos. La exclusión de empresas internacionales y la concentración de operaciones en manos de socios domésticos alimentaron la polémica sobre el rumbo privatizador del oficialismo.