La administración trumpista avanzó con una nueva acción naval en el Caribe al confiscar un segundo buque petrolero vinculado a sanciones internacionales contra Venezuela, en una maniobra ejecutada por fuerzas estadounidenses que respondió a la decisión política de la administración de Donald Trump de reforzar el cerco económico y operativo sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Según informaron fuentes oficiales en Washington, el operativo consistió en el abordaje de una embarcación incluida en los listados de sanciones vigentes, realizada en aguas cercanas al litoral venezolano y bajo los procedimientos legales previstos para este tipo de incautaciones marítimas.
Las autoridades estadounidenses evitaron difundir la identidad del navío y la situación de su tripulación, aunque remarcaron que la medida se inscribió en un esquema permanente de control destinado a impedir el transporte de crudo y derivados asociados a entidades del Estado venezolano.
El refuerzo de estas acciones tuvo un impacto inmediato en la operatoria portuaria del país caribeño, donde varios petroleros permanecieron fondeados sin atracar por temor a nuevas intervenciones, en un contexto de creciente ausentismo laboral y parálisis parcial en zonas clave del sector energético.
El petróleo continúa siendo el principal sostén financiero del régimen chavista, con exportaciones que históricamente concentraron la mayor parte de los ingresos externos, aunque las sanciones obligaron a vender crudo con fuertes descuentos y a depender de un reducido grupo de compradores internacionales.
En ese marco, analistas advirtieron que una política sostenida de incautaciones podría profundizar el deterioro económico de Venezuela, al reducir aún más el flujo de divisas y exponer la fragilidad de una industria petrolera afectada por la falta de inversiones, controles opacos y una presión internacional cada vez más explícita.