Mendoza: organizaciones ambientales presentan un amparo para frenar el proyecto de cobre por riesgos hídricos

Luego de las movilizaciones realizadas en distintos puntos de Mendoza, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un amparo ante la Justicia provincial para frenar el proyecto PSJ–Cobre Mendocino en el cerro San Jorge, al sostener que la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental implica “una amenaza ambiental cierta, actual y jurídicamente relevante” para el agua y los ecosistemas de la zona.

La acción judicial fue presentada junto a la Asociación Civil El Suri de Uspallata, vecinos autoconvocados de distintos departamentos y referentes académicos, y solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 9.684, sancionada el 9 de diciembre por la Legislatura de Mendoza, por considerar que vulnera el derecho colectivo a un ambiente sano consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

En el escrito, los ambientalistas detallan riesgos concretos como el potencial drenaje ácido de roca, la contaminación de acuíferos, y el impacto sobre la Ciénaga de Yalguaraz, el arroyo El Tigre, el río Uspallata y el río Mendoza, y señalan que el estudio aprobado presenta omisiones informativas, inconsistencias técnicas y análisis supeditados a evaluaciones futuras.

Al reclamo de la FARN se sumaron otros amparos impulsados por la Comunidad Huarpe Guaytamari, la Fundación Cullunche, y organizaciones de derechos humanos y ambientales, que advierten sobre el daño irreversible que el emprendimiento podría generar en un frágil ecosistema húmedo de montaña, sin que se hayan realizado los estudios necesarios para garantizar su preservación.

Aunque el Gobierno provincial sostiene que el proyecto no viola la Ley 7.722 porque utilizará sustancias como metil isobutil carbinol, xantatos, poliacrilamida y óxido de calcio, los demandantes incorporaron dictámenes técnicos de la UNCuyo, el Departamento General de Irrigación y el IADIZA, y pidieron una medida cautelar para suspender la iniciativa hasta que se despejen las dudas, invocando el principio precautorio que establece que, ante la incertidumbre, debe priorizarse la protección del agua y la naturaleza.