La medida impactó directamente en los clientes de Edenor y Edesur, con subas que combinaron distintos componentes del esquema tarifario. Según lo dispuesto, el aumento incluyó un 3,88% por la actualización del Precio Estabilizado de la Energía, al que se sumó un ajuste del 2,31% en los costos de distribución para Edenor y del 2,24% para Edesur.
El impacto final sobre las facturas varió de acuerdo al nivel de ingresos y al consumo mensual. Los hogares de mayores ingresos afrontaron el precio pleno de la energía, mientras que los usuarios de ingresos bajos y medios conservaron bonificaciones sobre el consumo base, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y creciente malestar social por la prestación del servicio.
A ese esquema se agregaron nuevos cargos fijos por kilovatio hora, definidos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Las resoluciones oficiales establecieron un adicional de $0,203 por kWh para Edenor y de $0,250 por kWh para Edesur, incrementos que se trasladaron de manera directa a las boletas.
La decisión generó polémica por haberse adoptado en simultáneo con reiterados cortes de suministro, especialmente durante jornadas de altas temperaturas. En ese marco, el aumento volvió a poner en el centro del debate el rol del Estado en el control de las concesionarias y el impacto de la política tarifaria sobre millones de usuarios que enfrentan un servicio deficiente y facturas cada vez más elevadas.