07.01.2026 / SANCIÓN

Causa Vicentín: la Justicia dictó embargos contra exautoridades del Banco Nación durante el macrismo

La medida alcanza a exdirectivos del banco estatal durante el macrismo y a empresarios de la cerealera, en una causa que investiga un presunto fraude millonario contra el Estado mediante créditos irregulares.





El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 dispuso el embargo y la inhibición general de bienes sobre exautoridades del Banco Nación y directivos del Grupo Vicentin al considerar acreditados indicios de una maniobra coordinada que habría provocado un perjuicio millonario a la entidad pública. Según trascendió, la decisión busca “impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión” y garantizar una eventual reparación del daño.

La resolución judicial alcanza, entre otros, al expresidente del Banco Nación Javier González Fraga, a su vice Lucas Llach y a una veintena de exdirectores, gerentes y funcionarios, además de los principales empresarios de Vicentin, en el marco de una causa que investiga operaciones realizadas entre agosto y diciembre de 2019.

Según la imputación, los funcionarios del banco habrían omitido reclamar deudas ya vencidas y exigibles, autorizaron transferencias desde cuentas que funcionaban como garantía y permitieron la liberación de fondos que debían ser retenidos, facilitando que las empresas dispusieran de recursos mientras acumulaban un pasivo superior a los límites normativos.

El fallo sostiene que, pese a que el grupo empresario ya registraba una deuda vencida de más de 149 millones de dólares y carecía de calificación crediticia actualizada, el Banco Nación otorgó nuevos préstamos por al menos 105 millones de dólares, sin cumplir con los requisitos ni exigir garantías suficientes.

Para la Justicia, estas decisiones permitieron que Vicentin y sus firmas vinculadas retiraran más de 43 mil millones de pesos de cuentas bajo control del banco, mediante decenas de operaciones, y que luego se desviaran fondos a cuentas sin restricciones, dificultando el recupero de los créditos otorgados.

Además, en el documento el juez sostuvo que la medida busca “asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”, al tiempo que advirtió que también deberá contemplarse “la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”, ante un perjuicio que el propio Banco Nación estimó en más de 300 millones de dólares y que, hasta hoy, continúa siendo de cobro incierto.