15.01.2026 / Justicia y política (de verano)

La Corte prepara un fallo demoledor contra Jorge Macri para después de la feria judicial

El máximo tribunal se pronunciará durante los primeros días de febrero en una causa por corrupción que involucra al jefe de Gobierno porteño. El fallo podría redefinir el mapa político de la Ciudad y adelantaría la interna macrista-libertaria porteña.




En su columna publicada hoy en el diario La Nación, el periodista Carlos Pagni reveló que "en una de las últimas reuniones de gabinete de diciembre, el propio jefe de gobierno anunció a sus colaboradores que se deben preparar para un fallo condenatorio de la Corte Suprema en una causa por corrupción que él arrastra desde su gestión como intendente de Vicente López".

Luego, Pagni explica "el indicio de esa sanción apareció cuando los jueces del máximo tribunal, que están dos a uno en contra de Macri, convocaron a conjueces para dictar el fallo".

La causa se inició en 2016 a partir de una decisión de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que puso bajo la lupa la posible canalización de fondos de origen ilícito mediante la compra de un inmueble en Miami valuado en 402.963,62 dólares.

Los hechos se remontan a abril de 2011 y tuvieron como protagonista a la sociedad “IconUnit 1704”, creada apenas un mes antes por Jorge Macri —entonces legislador bonaerense— y su esposa de aquel entonces, Florencia de Nardi, con un capital inicial de 10.000 dólares.

De acuerdo con la denuncia, la adquisición se financió con dos préstamos: uno del BAC Florida Bank por 219.000 dólares y otro de la firma uruguaya Fawsley SA por 184.000 dólares. Este último crédito fue posteriormente cedido a una compañía panameña, “Cometas Company Inc.”, que terminó en manos de Antonela Macri, hermana de Jorge. Para los fiscales, esa operatoria fue ficticia y constituye un indicio de irregularidades en el origen de los fondos. Al año siguiente, el inmueble fue vendido con una ganancia cercana al 25% respecto del precio original. Los fondos retornaron al patrimonio de la sociedad, lo que reforzó la sospecha de una operatoria destinada a blanquear activos de origen presuntamente ilícito.

En 2019, la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dictó el sobreseimiento de Macri por “inexistencia de delito”, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín. En ambos casos el Ministerio Público Fiscal apeló esas decisiones y luego recurrió al Máximo Tribunal cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso presentado por la fiscalía para revisar esos fallos.

En los últimos días del año pasado, tras el sorteo de conjueces, el máximo tribunal designó a Abel Sánchez Torres, de la Cámara Federal de Córdoba, y a Pablo Candisano Mera, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, quienes aceptaron intervenir en la definición del expediente y votarán junto Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti la reapertura de la causa, como pidió el Procurador General Eduardo Casal y como insinúa Pagni que finalmente ocurrirá.