El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aplicó por decreto un fuerte aumento del impuesto al patrimonio y llevó la alícuota máxima del 1,5% al 5%, una decisión que ubicó al país como el que grava la riqueza con la tasa más alta del mundo en términos nominales. La medida se adoptó en el marco de la emergencia económica y forma parte del plan oficial para reforzar el recaudo fiscal y sostener el gasto social.
Desde el Ejecutivo señalaron que el ajuste impositivo apunta a los sectores de mayores ingresos y no a la mayoría de la población. El propio Petro defendió públicamente que el esfuerzo fiscal debe recaer sobre los patrimonios más altos, en un país atravesado por profundas desigualdades sociales y con crecientes dificultades para sostener el equilibrio de las finanzas públicas.
Según precisó el Ministerio de Hacienda, el tributo comenzó a aplicarse a personas con patrimonios netos desde los 2.000 millones de pesos colombianos, con un esquema progresivo que reserva la tasa máxima del 5% para fortunas superiores a los 100.000 millones. El ministro Germán Ávila explicó que el universo alcanzado representa menos del 1% de los contribuyentes y que solo un grupo muy reducido tributa en el tramo más alto.
Con esta estructura, Colombia superó a países como Noruega, Suiza y España en materia de impuestos a la riqueza. El Gobierno estimó que el nuevo esquema podría aportar cerca de 4 billones de pesos adicionales en 2026, en un contexto marcado por un déficit fiscal cercano al 6,5% del PBI y advertencias de las calificadoras internacionales sobre el nivel de endeudamiento.
La decisión generó críticas de economistas y asesores financieros, que alertaron sobre posibles maniobras de evasión y fuga de capitales, además de eventuales cuestionamientos judiciales. Pese a ello, Petro reiteró que los patrimonios generados en Colombia deben tributar en el país y ratificó una definición política que volvió a colocar la disputa por la distribución de la riqueza en el centro del debate público.