19.01.2026 / AGENDA PRESIDENCIAL
Milei avanza con una agenda completa, viajes internacionales, y apuntando a la reforma laboral
De cara a su viaje a Davos, ya confirmó cerrar enero en el Derecha Fest y todo el Gabinete apunta al proyecto de flexibilización, que implica un retroceso en los derechos de los trabajadores.
En medio de un escenario recesivo profundo, el Gobierno nacional volvió a acelerar una agenda de apertura económica y flexibilización laboral que impacta de lleno en los sectores más golpeados por el modelo. Mientras la industria y el empleo formal continúan en caída libre, la administración de Javier Milei avanzó en dos frentes clave: el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y el impulso de una reforma laboral regresiva.
Del lado europeo, los principales cuestionamientos provienen de los productores agropecuarios, con Francia, Irlanda y Polonia encabezando las objeciones. En nuestra región, en cambio, el rechazo se concentra en el sector industrial, que observa con preocupación una apertura comercial que llega en el peor momento posible. Si bien Argentina mantiene una relación complementaria con la economía europea, el entramado manufacturero local atraviesa una crisis profunda, agravada por la política económica libertaria.
Los datos oficiales lo confirman. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en noviembre la actividad industrial registró su peor desempeño de 2025. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) mostró una caída interanual del 8,7%, consolidando una tendencia negativa que se sostuvo durante todo el año. En este contexto, una apertura irrestricta de importaciones aparece como un riesgo concreto para la supervivencia de miles de empresas.
A esto se suma el frente externo. Entre enero y noviembre de 2025, Argentina acumuló un déficit comercial con la Unión Europea de u$s1.703 millones. Las importaciones alcanzaron los u$s9.624 millones, mientras que las exportaciones sumaron u$s7.921 millones. El dato no es menor si se tiene en cuenta que Alemania —el país con el que Argentina mantiene la balanza más desfavorable— es uno de los principales impulsores del acuerdo. En contraste, Polonia e Irlanda, que se cuentan entre los más críticos del tratado, son socios con los que nuestro país tiene un saldo ampliamente favorable.
Mientras tanto, el mercado laboral continúa deteriorándose. Pese al relato oficial, el programa económico de Milei ya provocó la pérdida de más de 270 mil empleos registrados, con especial impacto en la industria y la construcción. Las caídas mensuales superan el 0,5% y, en comparación con noviembre de 2023, la industria acumula un retroceso del 4,7%, mientras que la construcción se desplomó un 15,1%. Esta sangría explica buena parte del derrumbe del empleo formal.
Lejos de revisar el rumbo, el Gobierno redobló la apuesta con la reforma laboral. La iniciativa, que implica una flexibilización profunda y un retroceso en derechos adquiridos, se presenta como la llave para generar empleo de calidad. Sin embargo, especialistas advierten que, en un contexto de destrucción de puestos de trabajo, este tipo de leyes solo incrementan la precarización y profundizan la pérdida de empleo.
El viernes pasado, en la Casa Rosada, la mesa política del oficialismo evaluó positivamente las chances de que el proyecto sea aprobado en el Senado. El encuentro, del que participaron Santiago Caputo, Diego Santilli, Manuel Adorni, Lule Menem, Patricia Bullrich y Martín Menem, tuvo como eje la estrategia para asegurar el apoyo de los gobernadores. La moneda de cambio apareció rápidamente: la posible eliminación del capítulo del impuesto a las ganancias, que recorta alrededor de un billón y medio de pesos a las provincias.
En la reunión también estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien se analizó el costo político de esa concesión. Si el capítulo se elimina, el oficialismo podría reunir los votos necesarios en la Cámara Alta para avanzar con la reforma, a costa de resignar ingresos clave para el Estado. El resultado sería, una vez más, un deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.
Sin embargo, el camino no está despejado. En las últimas horas se reavivó la interna en la Confederación General del Trabajo (CGT), luego de que el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, convocara a un encuentro para definir un paro con movilización en febrero. Furlán sostiene que solo la presión en la calle puede frenar la reforma, mientras otros dirigentes apuestan a la negociación para morigerar sus efectos.
De manera inesperada, el rechazo al proyecto también comenzó a surgir desde el empresariado. La Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) manifestaron su oposición a distintos puntos de la iniciativa. Las críticas se centran en la posible eliminación de aportes especiales que financian sus estructuras gremiales y en la pérdida de representatividad frente a instancias de negociación de menor alcance.
No resulta casual que tanto la UOM como los empresarios mercantiles y metalúrgicos se ubiquen entre los principales detractores de la reforma. Son, precisamente, los sectores más castigados por el modelo económico que impulsan Javier Milei, Federico Sturzenegger y Luis Caputo.
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