20.01.2026 / Judiciales
La Justicia ordenó al Gobierno a cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad o aplicará multas
El Juzgado Federal de Campana –a cargo del magistrado, Adrián González Charvay– intimó al Estado nacional a acreditar en un plazo de cinco días hábiles avances concretos en la implementación de la Ley, en el marco de un amparo colectivo que tramita por demoras en su cumplimiento.
El Juzgado Federal de Campana –a cargo del magistrado, Adrián González Charvay– intimó al Estado nacional a acreditar en un plazo de cinco días hábiles avances concretos en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el marco de un amparo colectivo que tramita por demoras en su cumplimiento. La causa tiene que ver con el recurso presentado contra el Ejecutivo y el Ministerio de Salud, que fue iniciado por un padre en representación de sus hijos.
La intimación de Charvay incluye un apercibimiento: en caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones, entre ellas, multas a los responsables de su no aplicación. A esto se suma un dato técnico: aunque el Estado apeló la resolución, el recurso fue concedido con “efecto devolutivo”, lo que implica que la apelación no suspende la obligación de cumplir de manera inmediata con lo ordenado por el juez.
En el expediente N°44035/2025 intervienen también la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores, lo que refuerza el carácter colectivo y el interés público del reclamo.
El juzgado fijó además un plazo para la plena ejecución de la ley. El 4 de febrero de 2026 la norma deberá encontrarse completamente operativa. Para esa fecha, no solo deberán existir trámites iniciados, sino que el sistema deberá estar en funcionamiento: decreto reglamentario publicado, aranceles liquidados y planes de pago habilitados.
Como parte del control judicial, una auditoría confirmó que el expediente administrativo EX-2026-554412-APN-DAJ#AND permanece en la repartición iniciadora desde el 3 de enero de 2026, un dato que refuerza la exigencia del juzgado para que el Estado acelere los tiempos administrativos. La resolución marca un nuevo capítulo en el conflicto judicial y pone al gobierno de Javier Milei frente a un cronograma estricto.
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