En las últimas semanas, numerosas fábricas, plantas industriales y empresas de distintos puntos del país comenzaron a achicar personal, paralizar líneas de producción o directamente avanzar hacia procesos de quiebra. El escenario es alarmante: la caída del consumo, la presión de las importaciones y el encarecimiento de los costos financieros que vuelve, se tornó inviable sostener la producción y el empleo en la Argentina.
Una de las situaciones más desalentadoras se da al interior de la fábrica NEBA. La Unión Obrera Metalúrgica de Catamarca advirtió que la continuidad de la planta en el Parque Industrial El Pantanillo vuelve a estar en riesgo: "Nos encontramos nuevamente ante una situación de despidos y posible cierre total”, advirtieron sobre el estado en el que está el plantel hace cinco meses y que ya ocasionó el recorte de 60 puestos de trabajo, mientras el gremio permanece en la fábrica exigiendo el pago íntegro de indemnizaciones.
En el mismo predio industrial, VVC Textil atraviesa un escenario similar: al menos 17 operarios podrían perder su empleo en medio de atrasos salariales, aguinaldos impagos y vacaciones adeudadas. Los trabajadores realizaron un acampe y un paro para visibilizar la situación, mientras la empresa evalúa el cierre de la planta.
El deterioro no se limita al NOA.
En el sector lácteo, el juez comercial Federico Güerri decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), firma que administraba las marcas Shimmy, Yogs y Sancorito, y formalizó el despido de casi 400 empleados en las plantas de Lincoln y Monte Cristo tras meses de deudas y paralización operativa.
También en la provincia de Buenos Aires, e
l juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes declaró la quiebra de Lácteos Conosur S.A., conocida como La Suipachense, dejando sin trabajo a 140 personas luego de más de 70 años de actividad. La resolución judicial señaló el cese de producción durante tres meses y la imposibilidad de revertir la crisis financiera.
En el conurbano bonaerense, la multinacional Alpek anunció el cierre definitivo de su planta de reciclaje Ecopek en General Pacheco, con 40 despidos, en medio de la caída de la demanda de PET reciclado y la competencia de resinas vírgenes importadas más económicas, mientras su operación en Zárate ajusta costos para sostenerse.
En Tierra del Fuego, Aires del Sur (ADS), fabricante de equipos de aire acondicionado de capitales nacionales, solicitó su quiebra directa al declararse en “cesación de pagos actual, generalizada e irreversible”, lo que derivó en la desvinculación de 140 trabajadores en su planta de Río Grande y en la ocupación de la misma por parte de los despedidos.
La presión sobre el esquema industrial fueguino se da en un contexto de menor protección arancelaria y mayor competencia importada, un marco que, según exponen distintas compañías, alteró la ecuación de costos y redujo el margen de rentabilidad de la producción local.
El impacto alcanza incluso al sector de servicios profesionales: PwC Argentina enfrenta una reestructuración con alrededor de 200 desvinculaciones y traslado de áreas al exterior, en línea con un ajuste global que también afectaría a otras filiales. Así, se observa consolidado un panorama donde producir y sostener empleo en el país genera más desconfianza.