La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un recurso de amparo ante la Justicia con el objetivo de frenar la implementación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Lo había anticipado el lunes tras una masiva movilización.
La presentación judicial se realizó ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico,
el mismo magistrado que en 2024 había dejado sin efecto parte del decreto de desregulación impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La iniciativa judicial se prensentó luego de la sanción y oficialización de la ley, considerada por el Ejecutivo como una pieza central de su programa económico. Según la central obrera, la normativa vulnera el principio de progresividad o no regresión, que impide adoptar medidas que impliquen retrocesos injustificados en derechos laborales adquiridos.
El escrito también sostiene que se afecta el principio protectorio del derecho laboral, basado en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, cuyo objetivo es equilibrar la relación y evitar abusos sobre la parte más débil.
En ese sentido, la CGT advirtió que la reforma impacta sobre derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social.
La organización sindical cuestionó además la posibilidad de establecer jornadas laborales de hasta 12 horas, la eliminación de recargos por horas extras y la eventual reducción de salarios.
También objetó la eliminación de sanciones a empleadores que incumplen con aportes previsionales y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se paguen en cuotas a través del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
El recurso judicial se inscribe en una estrategia más amplia del movimiento sindical para frenar la reforma, que ya había sido anticipada con movilizaciones y advertencias públicas contra la iniciativa oficial.
Con el amparo presentado, la discusión sobre la reforma abre ahora un nuevo frente en los tribunales. Será la Justicia la que deberá definir si la norma puede aplicarse plenamente o si corresponde suspender algunos de sus artículos mientras se analiza su constitucionalidad.