10.03.2026 / CONFLICTO
Tensión: el Gobierno impuso multas millonarias a la UTA y La Fraternidad por el paro de la CGT
La administración de Javier Milei sancionó a los gremios del transporte por adherir al paro general del 19 de febrero pese a que regía una conciliación obligatoria. Las multas superarían los $90.000 millones y ya generaron un fuerte rechazo sindical.
El Gobierno nacional resolvió aplicar sanciones económicas de gran magnitud contra los gremios del transporte que participaron del paro general convocado por la CGT el pasado 19 de febrero, tras considerar que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad desoyeron conciliaciones obligatorias vigentes, una decisión ejecutada por la Secretaría de Transporte que derivó en multas estimadas en $70.000 millones para el sindicato de colectiveros y $20.000 millones para el de ferroviarios.
La medida fue adoptada por el área de Transporte que depende del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, luego de que las autoridades laborales concluyeran que ambos sindicatos incumplieron los procedimientos de conciliación obligatoria dictados antes de la protesta.
En el caso de la UTA, la conciliación había sido dispuesta el 10 de febrero y se extendía hasta el 26 del mismo mes, mientras que para La Fraternidad el mecanismo había sido establecido desde el 4 de febrero con la misma fecha de finalización. Pese a ese marco legal vigente, los gremios decidieron adherir a la huelga impulsada por la central obrera.
Tras la jornada de protesta, las áreas de Transporte y Trabajo iniciaron sumarios para determinar el alcance del presunto incumplimiento en distintas jurisdicciones del país. Las multas fueron calculadas en base al régimen general de infracciones laborales establecido por la Ley 25.212, que fija sanciones de hasta el 2.000% del salario mínimo por cada trabajador afectado.
La decisión se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos del transporte, cuya adhesión fue clave para el impacto que tuvo el paro en todo el país, especialmente en el área metropolitana y en los principales centros urbanos.
Desde la UTA rechazaron la sanción y denunciaron motivaciones políticas detrás de la medida. “Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política”, afirmó Mario Caligari, secretario de Prensa del gremio.
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