
Perú celebrará elecciones generales el próximo 12 de abril de 2026 con 36 fórmulas presidenciales inscriptas, un presidente interino en el cargo desde febrero y ningún candidato que supere el 15% de intención de voto en las encuestas. El país lleva una década de inestabilidad política ininterrumpida: desde 2016 acumuló ocho jefes de Estado en un único período constitucional.
El proceso electoral no cuenta con un favorito claro, el voto indeciso y de protesta supera en todas las mediciones a cualquier candidatura individual, y analistas internacionales advierten que el resultado más probable es un nuevo gobierno débil desde el primer día.
Un patrón que se repite
Perú tiene, desde el 18 de febrero de 2026, un nuevo presidente. José María Balcázar fue designado por el mismo Congreso que, apenas 24 horas antes, había censurado a su antecesor, José Jerí, en un nuevo episodio de la inestabilidad crónica que define la política peruana. Es el cuarto mandatario desde 2021: Pedro Castillo fue destituido tras su fallido autogolpe en 2022; Dina Boluarte fue removida en octubre de 2025; Jerí duró apenas cuatro meses. Con esta última crisis, Perú confirma un patrón de volatilidad que se inició en 2016. Desde entonces, el país ha tenido ocho jefes de Estado en una década.
Las elecciones de abril de 2026 muestran un récord de 36 candidatos presidenciales, casi el doble que en 2021. Según la última encuesta de Ipsos, Rafael López Aliaga lidera con 12%, seguido por Keiko Fujimori con 8%, mientras la mayoría no supera el 4% y el 42% del electorado permanece indeciso o desea votar en blanco.
Las principales encuestadoras coinciden en dos elementos clave: una fuerte fragmentación del voto y un bloque de indecisos que puede redefinir la elección en las últimas semanas de campaña. Informes señalan que, si se agrupan indecisos y voto de protesta, ese bloque es el "verdadero primer lugar" de la contienda, muy por encima de cualquier candidatura individual.
Una encuesta de CPI registró entre sus variables destacadas al expresidente Martín Vizcarra - inhabilitado por el Congreso - con un 15% de intención de voto, lo que analistas interpretaron como un reflejo de su narrativa anticorrupción y, sobre todo, como expresión de un voto de castigo hacia la clase política tradicional.
Un diseño institucional que facilita la caída
Perú ha entrado en un equilibrio inestable donde el poder presidencial ya no está garantizado por la elección, sino condicionado por una confrontación permanente con el Congreso. Con partidos débiles, cálculos políticos de corto plazo y reglas constitucionales ambiguas, el país produce gobiernos transitorios incapaces de implementar reformas sostenidas.
La transición democrática post-fujimorismo en el año 2000 no consolidó partidos fuertes, sino que dio paso a un sistema de "democracia sin partidos", donde
las organizaciones políticas funcionan como vehículos electorales efímeros más que como instituciones democráticas programáticas. La reinstauración del sistema bicameral en estas elecciones - 60 senadores y 130 diputados - amplifica ese problema: con voto fragmentado, el Congreso resultante será un mosaico de bancadas sin mayoría que ningún presidente podrá gobernar con comodidad.
La inseguridad como eje de campaña
Desde noviembre de 2024 se registran en Perú un promedio mensual de 230 huelgas, paros, concentraciones, plantones, bloqueos y movilizaciones, según los informes de la Defensoría del Pueblo. Durante el primer semestre de 2025 se reportaron 161 homicidios más que en el mismo período del año anterior. La sensación de inseguridad se convirtió en el marco interpretativo dominante de la campaña.
Para los especialistas, la cercanía de las elecciones abre la puerta a candidatos que ofrezcan restaurar el orden, líderes populistas que darán soluciones radicales pero que podrían no responder a los problemas estructurales del país. En la derecha, López Aliaga, Fujimori y otros candidatos compiten por ese electorado sin haber conformado una coalición estructurada.
La paradoja peruana
Perú enfrenta una paradoja cada vez más marcada:
una economía con fundamentos sólidos coexiste con un deterioro político persistente, una ciudadanía más desconfiada y una inseguridad que domina la agenda pública. La democracia funciona en lo formal, pero su calidad se erosiona bajo el peso de la fragmentación, la corrupción, la debilidad institucional y la inestabilidad crónica.
El resultado más probable es otro Ejecutivo débil desde su origen, obligado a negociar su supervivencia y vulnerable a nuevos intentos de destitución. Las elecciones podrían no resolver la crisis de gobernabilidad, sino prolongar el ciclo de precariedad presidencial. La pregunta que la política peruana no logra responder desde hace una década es si hay salida de ese ciclo sin una reforma estructural del sistema que nadie hasta ahora tuvo ni la voluntad ni la capacidad de llevar adelante.