Cuentas pendientes a 50 años del golpe: las cifras de la Justicia que el negacionismo oficial intenta invisibilizar

En un contexto político donde las máximas autoridades de la Nación, desde el presidente Javier Milei para abajo, ensayan discursos que relativizan el terrorismo de Estado y desfinancian las áreas de acompañamiento a las víctimas, la frialdad de los números devuelve una realidad incuestionable.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, analizados por el abogado y periodista especializado Pablo Llonto, el proceso de justicia en Argentina arroja un balance que, si bien es histórico a nivel mundial, muestra signos de estancamiento y beneficios procesales que contradicen el reclamo de justicia efectiva.

La foto del presente: Condenas y juicios en curso

Desde el histórico Juicio a las Juntas en 1985 hasta la fecha, los tribunales argentinos han dictado 361 sentencias, un número que refleja la persistencia de los organismos de derechos humanos y de un Poder Judicial que, pese a las presiones políticas, logró sostener la continuidad de los procesos. Actualmente, el sistema mantiene 12 juicios orales en trámite, una cifra que se percibe escasa frente al volumen de causas pendientes y el avanzado promedio de edad de los imputados.

El saldo cuantitativo de este proceso arroja un total de 1.231 condenados. Sin embargo, la contracara de estas sentencias es la cifra de absoluciones, que ya superan las 200, lo que evidencia el rigor de la prueba exigido en los debates orales y desmiente la teoría oficial de una "persecución ideológica" sin fundamentos jurídicos.

En este sentido, Llonto afirmó entrevistado en Radio Con Vos que "lo que ha caracterizado a la etapa de Milei es que se dejó de aportar información para los juicios desde el Poder Ejecutivo". 

"Una de las primeras cosas que hizo es destruir los equipos de investigación que tenía el Poder Ejecutivo", sostuvo. En abril de 2025, el entonces vocero y ahora jefe de Gabinete Manuel Adorni explicó, risueño,bla degradación de la Secretaría de Derechos Humanos en Subsecretaría y relató que eso permitió achicar un 40% de su estructura y un 30% de su personal. “La cartera ahora sí se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario”, planteó.

Días antes, el entonces secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, había solicitado formalmente la suspensión del trámite judicial de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar, hechos sufridos por más de 1.700 personas.

¿Qué argumentó? La falta de representación letrada producto de los despidos que su propia gestión había producido, festejados por Adorni, todavía en su prime antes de los escándalos de corrupción que lo rodean por estos días. 

"Los juicios siguen, durante el gobierno de Milei hubo sentencias condenatorias y también absoluciones", afirmó Llonto, no obstante, y mencionó que, por ejemplo, "van a empezar varios juicios importantes a finales de este semestre y el que viene: el juicio al gerente de Molinos y el juicio al gerente de Mercedes Benz, (Juan Rolando) Tasselkraut, que está nombrado desde el juicio a las juntas".

Respecto de las absoluciones, el abogado precisó que la Justicia se basa "en el estado de duda", es decir en casos en los que se consideró que no estaban del todo probados los delitos asignados a los imputados, pero que en su totalidad son apeladas y, en algunos casos, revertidas. 

El privilegio de la domiciliaria frente a la cárcel común

Uno de los puntos más polémicos y que mayor preocupación genera en la querellas es la modalidad del cumplimiento de las penas. De la totalidad de los represores bajo custodia, solo 88 genocidas se encuentran en cárceles comunes. En contraste, la justicia ha otorgado la prisión domiciliaria a casi 420 procesados y condenados, una tendencia que se ha profundizado en los últimos años bajo argumentos de salud y edad, pero que para los organismos de DD.HH. constituye una forma de impunidad encubierta.

Esta distribución de los detenidos pone de manifiesto una asimetría profunda: mientras el discurso oficial pregona el "orden" y la dureza contra el delito común, se muestra permisivo y laxo con quienes cometieron los crímenes más atroces de la historia nacional.

"Hay una sola institución culpable de esto (la lentitud): la justicia. Centralmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene cómo hacerlo y no lo hace", analizó Llonto respecto de las causas que falta resolver.



Y agregó: "Los nombres están. Vamos a entregar una lista de más de 300 represores en el juzgado de Daniel Rafecas. En una sola causa. La mayoría con nombre y apellido. Varios de los vuelos de la muerte, pilotos, mecánicos".

La deuda de los "Vuelos de la Muerte"

El informe, actualizado por Llonto, también arroja un dato estremecedor sobre la responsabilidad de las fuerzas en uno de los métodos de exterminio más crueles de la dictadura. A pesar de la magnitud de la logística empleada para las desapariciones en el mar, la justicia argentina solo ha condenado a 9 pilotos por los denominados "vuelos de la muerte".

Esta cifra se desglosa en:

- 6 condenados en el marco del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo.

- 3 condenados en la megacausa de la ex ESMA.

La escasez de responsables directos de la conducción de las aeronaves subraya las dificultades que aún persisten para romper los pactos de silencio dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. "La mayoría de los pilotos de los vuelos de la muerte jamás fue llamado por los tribunales. Solo unos pocos fueron condenados. Caminan entre nosotros", afirma Llonto. 

A 50 años del inicio de la dictadura, y frente a un Gobierno que retira el apoyo estatal a las querellas y cuestiona la cifra de desaparecidos, estos datos no solo son estadísticas judiciales; son el mapa de una justicia que lucha contra el tiempo y contra una voluntad política que busca, por acción u omisión, dar por terminada la etapa de la rendición de cuentas.

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