30.03.2026 / JUSTICIA
Avanza la colonización judicial: los detalles de los pliegos impulsados por el Gobierno para cubrir más de 300 cargos
Con el envío de más de 50 pliegos para cargos judiciales, el Gobierno puso en marcha una ofensiva para ocupar vacantes clave en todo el país. La maniobra, impulsada por el Ministerio de Justicia, busca acelerar los tiempos en el Senado y consolidar influencia en distintos fueros, mientras crecen las dudas sobre la transparencia del proceso.
El Poder Ejecutivo remitió 52 pliegos a la Cámara alta para cubrir más de 300 cargos vacantes en fiscalías, defensorías y juzgados de los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y de la seguridad social. La estrategia oficial apunta a completar el envío en tandas, con una primera etapa que alcanzaría las 62 candidaturas en los próximos días.
La comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto, será la encargada de analizar las postulaciones en un contexto donde el oficialismo ya dejó trascender su intención de “apretar el acelerador” para acelerar las designaciones. En paralelo, también se incluyeron cargos en el ENARGAS, con la continuidad del actual interventor Néstor Laboglia y la designación de nuevas autoridades.
Sin embargo, los tiempos parlamentarios no acompañan la urgencia del Gobierno. La convalidación de esta primera tanda no ocurrirá en lo inmediato debido al calendario reducido por los feriados, lo que posterga el inicio efectivo del tratamiento. Aun así, en el oficialismo aseguran que la prioridad es avanzar lo más rápido posible una vez que el Senado retome su ritmo habitual.
El proceso se da en el marco de una reciente reforma del reglamento del Senado que regula la publicidad de los pliegos. La normativa establece que deberán difundirse durante al menos dos días y con una antelación mínima de quince días antes de las audiencias públicas, tanto en canales institucionales como en el Boletín Oficial. Un mecanismo que, lejos de despejar cuestionamientos, vuelve a poner en el centro del debate el alcance real de la transparencia en la designación de jueces.
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