El Ministerio de Seguridad, el área de Educación y la Procuración siguen de cerca el estremecedor caso de un estudiante de 15 años que ingresó armado al colegio y mató a un compañero de 13 en la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Desde Casa Rosada evalúan enviar un equipo interdisciplinario al lugar, aunque se desentienden de las primeras responsabilidades y apuntan al gobernador Maximiliano Pullaro.
“Por ahora estamos siguiendo el caso, pero los primeros que deberían expedirse son las autoridades de Santa Fe, es un problema de Pullaro”, dijo a Letra P una fuente de primera línea del gobierno de Javier Milei, y aclaró que hay distintas secretarías solicitando información a la administración provincial y a la Procuración.
“Hay muchas preguntas que todavía debemos responder. Por ejemplo, de dónde sacó el arma, si estaba registrada, si quien la poseía originalmente tiene credencial de legítimo usuario o, por el contrario, es una de las tantas armas que históricamente no tuvieron registro”, indicó a dicho medio un dirigente de La Libertad Avanza que conoce el mercado de las armas de fuego en el país.
Más allá de la investigación oficial, las primeras reacciones políticas al interior del ecosistema libertario fueron de conmoción. Desde la primera línea del gabinete nacional hasta los habituales militantes de la portación legal de armas siguen las novedades desde que se conoció el caso, minutos antes de las 8 de la mañana.
Aun así, distintas fuentes oficialistas coincidieron en que se debería “profundizar el debate sobre los legítimos usuarios de arma de fuego, la tenencia y la portación”. “Muchas veces los problemas aparecen por tener armas de manera irregular o ilegal, escondidas, cargadas, sin registrar, donde se hace imposible tener una trazabilidad”, comentó una de las voces que sigue el minuto a minuto de los hechos en Santa Fe.
Tal como dio cuenta Letra P, en la cúpula libertaria trabajan desde hace meses en importar la doctrina de Estados Unidos respecto del uso de armas de fuego. De acuerdo a los últimos datos oficiales del Registro Nacional de Armas (RENAR), antes llamada Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), hay en Argentina 919.347 personas con Credencial de Legítimo Usuario (CLU), el requisito obligatorio para acceder legalmente a un arma de fuego, aunque más del 65% de esas credenciales están vencidas. Del total, apenas 11% cuenta con permiso de portación.
El Ejecutivo buscará no sólo regularizar a quienes tengan los documentos vencidos, sino, también, ampliar la cantidad de personas con habilitación para portar un arma de fuego en la calle.