06.04.2026 / ESCÁNDALO
Créditos VIP del Nación: qué jueces tienen las denuncias, qué se investiga y qué libertarios están más complicados
Una nueva denuncia profundiza el escándalo por los préstamos del Banco Nación a integrantes del Gobierno. El foco ahora se amplía al Banco Central y a posibles fallas en los controles sobre operaciones millonarias.
La investigación por los llamados “créditos VIP” sumó un nuevo capítulo judicial y volvió a poner en el centro de la escena a funcionarios del gobierno de Javier Milei. La presentación del abogado Alejandro Díaz Pascual, que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, apunta a determinar si hubo irregularidades en el otorgamiento de préstamos del Banco de la Nación Argentina a funcionarios que, al mismo tiempo, ocupaban cargos clave en el Banco Central de la República Argentina.
El eje de la denuncia gira en torno a Federico Furiase y Pedro Inchauspe, quienes habrían recibido créditos mientras eran directores del Banco Central, organismo encargado de supervisar a entidades como el Nación. La presentación también pone bajo la lupa al superintendente Juan Ernesto Curuchet, responsable de controlar el cumplimiento de las normas financieras.
En paralelo, otra causa impulsada por la diputada Mónica Frade —que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti— denuncia delitos como negociaciones incompatibles, cohecho y administración fraudulenta. Allí aparecen nombres cercanos al ministro de Economía, como Felipe Núñez, además de legisladores libertarios y otros funcionarios vinculados al oficialismo.
Una tercera presentación quedó en manos del juez Ariel Lijo, quien podría concentrar la investigación. En Comodoro Py no pasó desapercibido que los implicados no eran simples clientes bancarios, sino actores con influencia directa en la política económica y en el funcionamiento del sistema financiero, lo que agrava la sospecha de conflicto de intereses.
Desde el Gobierno sostienen que no existe impedimento legal para que funcionarios accedan a créditos y que el Banco Central no interviene en decisiones individuales. Sin embargo, la acumulación de denuncias y el avance judicial tensionan aún más la relación con la Justicia y alimentan un escándalo que amenaza con escalar en el corazón del modelo económico libertario.
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