05.05.2026 / ECONOMIA
Vinos: el Gobierno desfinanció la Coviar y pone en jaque al modelo vitivinícola mientras favorece a grandes bodegas
La decisión oficial de eliminar los aportes obligatorios a la Corporación Vitivinícola Argentina reconfigura el esquema público-privado del sector y genera incertidumbre sobre el futuro de una herramienta clave para el desarrollo productivo.
El Gobierno de Javier Milei avanzó en una nueva medida de desregulación al eliminar los aportes obligatorios que sostenían a la Corporación Vitivinícola Argentina, organismo central en la articulación de políticas para la industria del vino. La decisión, formalizada a través de la Resolución 55/2026, marca el cierre definitivo del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 y deja a la entidad sin su principal fuente de financiamiento.
Impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la medida se inscribe en la lógica oficial de reducir cargas sectoriales, aunque en los hechos implica el desmantelamiento de un esquema de coordinación construido durante más de dos décadas. El argumento central del Ejecutivo sostiene que, al haber vencido el plan estratégico, los aportes perdieron sustento legal, habilitando su eliminación.
La resolución no solo pone fin al financiamiento compulsivo, sino que también obliga a la Coviar a presentar en un plazo de tres meses un informe final de gestión y a transferir sus fondos remanentes al Instituto Nacional de Vitivinicultura. Este punto alimenta dudas dentro del sector sobre la continuidad de programas de promoción, innovación y exportaciones que dependían de esos recursos.
Mientras desde el oficialismo se celebra la medida como un avance hacia la “competitividad”, el respaldo de Bodegas de Argentina expone tensiones internas en la cadena vitivinícola. La entidad empresarial avaló el nuevo esquema de aportes voluntarios, lo que en la práctica podría debilitar la capacidad de acción colectiva en un contexto de caída de ventas y retracción de mercados externos.
En este escenario, la eliminación del financiamiento obligatorio abre un interrogante de fondo: si el Estado se retira de la planificación estratégica del sector, la industria del vino queda más expuesta a la lógica de mercado y a la concentración económica, poniendo en riesgo a pequeños y medianos productores que dependían de una política coordinada para sostener su competitividad.
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