17.05.2026 / REPRESIÓN · CENTROAMÉRICA
Bukele congela bienes de socios de El Faro en represalia contra la prensa
Entre febrero y abril de 2026, el régimen salvadoreño congeló fondos bancarios e inmuebles de dos socios de El Faro, el medio de investigación que años atrás reveló pactos entre el gobierno y pandillas criminales. Se trata de la escalada más agresiva de una persecución fiscal que comenzó en 2020.
La congelación de bienes, conocida formalmente como "anotación preventiva", actúa como garantía de pago contra supuestas deudas tributarias. Pero para El Faro, representa una nueva línea de persecución contra su estructura corporativa: mientras no ha logrado ejecutar condenas fiscales formales contra la empresa matriz, ahora apunta directamente a los patrimonios individuales de sus dueños.
El historial de auditorías sin sustento
Desde 2020, cuando Bukele denunció públicamente a El Faro en cadena nacional por "lavado de dinero grave", el Ministerio de Hacienda salvadoreño abrió cuatro auditorías contra Trípode. La acusación inicial nunca se sostuvo. Sin poder demostrar lavado de activos, Hacienda cambió la acusación a evasión de impuestos en los cuatro períodos auditados. El Faro ha apelado cada conclusión y demostrado que no se sustentan legalmente.
El medio identificó irregularidades procesales en las auditorías: el Ministerio de Hacienda fiscalizó ejercicios de 2014 y 2016 pese a que ya había caducado el plazo legal para hacerlo. Además, Hacienda acusó a El Faro de haber evadido impuestos sobre fondos provenientes de fundaciones que no aparecían declarados en el año de firma del contrato. Pero El Faro pagó esos impuestos en los años en que los fondos ingresaron efectivamente a sus cuentas, un hecho que el medio documenta.
Sin sentencias definitivas de ninguna de las cuatro auditorías, el régimen procedió a congelar los patrimonios personales de dos accionistas.
La represión como patrón político
Para El Faro, la cronología es determinante: cada ataque del gobierno ha coincidido con publicaciones del medio sobre pactos delictivos del régimen. La primera acusación se produjo en septiembre de 2020, apenas tres semanas después de que El Faro publicara una investigación documentando un pacto entre el gobierno salvadoreño y la pandilla MS13. A esa siguieron otras, en un patrón recurrente.
El análisis de datos entre las intervenciones de teléfonos del medio (detectadas mediante el software de espionaje Pegasus en más de 20 iPhones de sus periodistas en 2022) y sus fechas de publicación revelan obsesión del régimen por conocer sus fuentes, materiales en desarrollo y fechas de lanzamiento. El objetivo explícito, según El Faro, es el silenciamiento.
La escalada más reciente ocurre días después del estreno del documental "The Deal", coproducción de El Faro y el programa estadounidense Frontline PBS que detalla los pactos criminales del régimen, y tras la participación del subjefe de redacción de El Faro denunciando corrupción y abusos ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos.
Desaparecidos en el régimen de Bukele.
El Faro también lleva investigaciones sobre desapariciones forzadas bajo el régimen de excepción vigente desde 2022. En ese marco, más de 91.000 personas fueron detenidas; el país alcanzó una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo. Organizaciones de derechos humanos advierten que el modelo ha debilitado las instituciones democráticas y ampliado los márgenes de represión estatal.
En marzo de 2026, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (Gipes) presentó un informe que señala la posible responsabilidad penal de miembros del gobierno de Bukele por crímenes de lesa humanidad. El informe utilizó investigaciones de El Faro como fuente. El régimen ahora enfrenta señalamientos internacionales por estos delitos, mientras intensifica la criminalización de periodistas y medios que escapan de su propaganda.
El exilio como estrategia de supervivencia
En 2023, tras un año de persecución fiscal y vigilancia sistemática, El Faro mudó su sede a Costa Rica. La totalidad de su personal vive actualmente en exilio fuera de El Salvador. A pesar del contexto represivo, el medio continuó produciendo revistas mensuales, podcasts semanales, colaboraciones internacionales y eventos como el Foro Centroamericano de Periodismo.
Claudia Paz y Paz, directora de la organización de defensa legal Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que representa a El Faro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, describió la congelación de bienes como "represalia" y un intento deliberado de "silenciar las voces de los periodistas".
El patrón de persecución contra El Faro coincide con la estrategia de otros regímenes de la región. La represión fiscal ha sido utilizada sistemáticamente en Nicaragua bajo Daniel Ortega como mecanismo para intimidar críticos, un antecedente que contextualiza la escalada salvadoreña.
¿Qué es una "anotación preventiva" y cómo funciona en El Salvador?
Es una medida legal que congela bienes individuales como garantía de pago frente a deudas fiscales presuntas. Aunque está prevista en marcos tributarios, su uso contra patrimonio personal de accionistas, en lugar de activos corporativos, es inusual y, según El Faro, política.
¿Qué investigaba El Faro cuando comenzó la persecución fiscal en 2020?
El Faro publicó una investigación sobre un pacto entre el gobierno salvadoreño y la pandilla MS13, que incluía negociaciones para reducir homicidios a cambio de concesiones políticas. Tres semanas después, Bukele denunció públicamente al medio por "lavado de dinero".
¿Cuál es el estado actual de El Faro como medio?
Opera desde Costa Rica con su equipo en exilio. Continúa produciendo investigaciones y contenido multimedia. En marzo de 2026 estrenó "The Deal" con PBS Frontline, documentando los pactos del régimen Bukele con organizaciones criminales.
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