El Gobierno nacional buscará abrir una instancia de negociación con las universidades públicas una vez finalizada la cuarta Marcha Federal Universitaria, en medio de un escenario marcado por nuevos recortes presupuestarios, la paralización de obras en casas de estudio y una creciente tensión con rectores y docentes por el deterioro financiero que atraviesa el sistema educativo superior.
Así lo confirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien adelantó que la Casa Rosada
convocará a los rectores de universidades que cuentan con hospitales universitarios para discutir una nueva distribución de fondos, aunque aclaró que cualquier incremento de partidas estará acompañado de auditorías y mecanismos de control sobre los recursos.
La convocatoria se conoció luego de que el Ejecutivo oficializara a través del Boletín Oficial nuevos ajustes sobre programas educativos y obras universitarias. La decisión profundizó el malestar en el sector académico en la antesala de una movilización convocada para reclamar mayor financiamiento y rechazar el ajuste impulsado por Javier Milei.
Nación persiste en su intención de “transparentar el sistema de financiamiento”, un discurso que pretende desprestigiar las instituciones educativas públicas y dar sustento a la falta de financiamiento. Sobretodo, apunta a revisar especialmente los presupuestos destinados a hospitales universitarios.
FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO: UN RECLAMO QUE PERSISTE
El conflicto con las universidades escaló en los últimos meses por la caída de las transferencias y el deterioro salarial. Un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que las partidas destinadas al sistema universitario acumulan una baja real del 45,6% entre 2023 y 2026.
El mismo relevamiento señaló que los salarios docentes y no docentes quedaron muy por debajo de la inflación.
Según el CIN, mientras los haberes aumentaron un 158% desde noviembre de 2023, la inflación acumulada alcanzó el 280%, lo que generó una pérdida del poder adquisitivo cercana al 32%.
A fines de abril, los rectores ya habían cuestionado al Gobierno por intimar a las universidades en medio de las medidas de fuerza impulsadas en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario. “Cumplan la Ley”, reclamó entonces el CIN luego de que el Ejecutivo vetara la normativa aprobada por el Congreso.
La disputa terminó judicializada después de que la Justicia fallara a favor de las universidades y el Gobierno apelara ante la Corte Suprema. Mientras tanto, las autoridades académicas advierten que el ajuste ya impacta en el funcionamiento cotidiano de facultades, laboratorios y hospitales universitarios de todo el país.