13.05.2026 / DEFINICIONES
Financiamiento universitario: la Corte Suprema ya puede definir si el Gobierno debe cumplir la ley
La disputa por los fondos para las universidades públicas llegó al máximo tribunal luego de los fallos adversos para la Casa Rosada y en medio de una nueva escalada del conflicto presupuestario. El expediente ya completó las instancias previas y la Corte quedó habilitada para resolver si el Gobierno debe aplicar la ley.
La Corte Suprema quedó en condiciones de resolver el conflicto judicial entre el Gobierno nacional y las universidades públicas luego de que la administración de Javier Milei presentara un recurso extraordinario para frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que ya fue respaldada en primera y segunda instancia y que obliga al Estado a actualizar partidas, recomponer salarios y garantizar recursos para el funcionamiento del sistema.
Con el expediente elevado al máximo tribunal, los jueces de la Corte podrán rechazar la apelación oficial sin tratar el fondo de la cuestión o avanzar hacia una sentencia definitiva. Si desestiman el planteo del Ejecutivo, quedará firme la obligación de transferir los fondos reclamados por las universidades nacionales.
En ese marco, el martes rectores, docentes, estudiantes y organizaciones gremiales volvieron a reunirse en una nueva Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país, la cuarta desde que gobierna Milei. El reclamo apuntó al deterioro presupuestario y al incumplimiento de la ley sancionada por el Congreso.
Durante el acto oficial, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes leyeron un duro documento dirigido a la Corte Suprema en el que pidieron “que no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley de Financiamiento”. Allí advirtieron además que el escenario económico de las universidades es “crítico”.
Las organizaciones señalaron que la principal causa de la crisis es que el Gobierno nacional “incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso de recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema”.
Desde las universidades también denunciaron un fuerte deterioro salarial desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Según plantearon, el cierre de las paritarias nacionales derivó en “un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo”, acompañado por “renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales”.
En el documento presentado durante la Cuarta Marcha Federal Universitaria, las entidades aseguraron que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló un 293,30%, mientras que los salarios crecieron 147,30%, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo del 37,13%.
La Casa Rosada, por su parte, sostiene que la aplicación de algunos artículos de la ley podría generar un “grave e irreparable perjuicio” para el Estado y afectar el equilibrio fiscal, uno de los principales ejes de la política económica del Gobierno.
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