El gobierno de Bolivia salió este lunes a rechazar públicamente las versiones sobre una eventual
renuncia del presidente Rodrigo Paz y buscó transmitir una señal de estabilidad institucional en medio de una reciente conflictividad social que ya acumula tres semanas de protestas callejeras, bloqueos de rutas y episodios de violencia en distintos puntos de La Paz.
El canciller Fernando Aramayo fue el encargado de descartar cualquier posibilidad de salida del mandatario y calificó de “absurdos” los rumores sobre una eventual dimisión presidencial
. “No va a haber una renuncia del presidente Rodrigo Paz. Me parece absurdo que algunos medios hablen incluso de una salida del país. Ni el presidente ni el gabinete van a renunciar”, sostuvo el funcionario durante una entrevista, mientras el oficialismo intenta contener el impacto político de la crisis.
Las declaraciones se produjeron luego de una nueva jornada de disturbios en la capital boliviana, donde se registraron incendios, destrozos y ataques contra edificios públicos, vehículos y oficinas privadas. Aunque desde el Ejecutivo aseguraron que la situación “está controlada”, reconocieron interrupciones parciales en rutas estratégicas que conectan Cochabamba, Oruro y Sucre, en un contexto donde continúan las movilizaciones opositoras y los reclamos sociales.
En paralelo, Aramayo aseguró que el Gobierno está dispuesto a abrir instancias de diálogo con los sectores movilizados, aunque advirtió que no aceptará negociaciones bajo presión. “No se va a negociar ningún espacio de poder bajo amenazas ni violencia. Quienes estén cometiendo delitos deberán responder ante la Justicia. Quienes quieran dialogar de buena fe tendrán que abandonar estas actitudes”, afirmó el canciller, al endurecer el discurso oficial frente a las protestas.
Desde el oficialismo apuntaron además contra sectores vinculados al expresidente Evo Morales y los responsabilizaron por los episodios más graves de violencia registrados en las últimas semanas. Sin embargo, dirigentes opositores rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que las manifestaciones reflejan el creciente malestar económico y social que atraviesa Bolivia, mientras el Gobierno busca respaldo internacional y confirmó que representantes de la Organización de los Estados Americanos viajarán al país para monitorear la crisis.