La medida que impulsaron la Sociedad Rural de Río Cuarto y la Sociedad Rural de Adelia María fue rechazada, este martes, por La Cámara Federal de Apelaciones.
Antonio Pronsato negó ante la Justicia haber sido "objeto de tráfico de influencia o negociación incompatible por parte de algún funcionario, para beneficiar a alguna empresa en la licitación". También dio detalles técnicos que sustentan su argumento.
La expresidenta de facto tiene pendientes otros dos juicios. Uno es el "caso Golpe de Estado I",por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.
El exministro de Desarrollo Productivo declaró como testigo en la causa que investiga supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto.
Los jueces argumentaron que tiene 93 años y su salud sufrió un deterioro por la supuesta falta de recursos del Servicio Penitenciario Federal. El exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense tiene varias sentencias a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Los especialistas declararon ante la Justicia que hallaron irregularidades en los cuadernos 4, 7 y 8. Además, informaron que solo analizaron las copias ya que no tuvieron acceso a los originales.
El fondo Burford reclama hasta USD 20 mil millones, tras comprar el juicio por la nacionalización de YPF en 2012 al Grupo Petersen, accionista minoritario en aquel entonces. El 23 de junio es la última audiencia en Nueva York. Se espera para marzo la decisión de la sucesora de Griesa.
El juez federal brasileño Ali Mazloum define este lunes a las 14 (hora argentina) si acepta o rechaza un pedido de la defensa del acusado que postergaría el reinicio de las audiencias. De no pronunciarse, Thelma Fardín tendría que recurrir al Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema).
Lo dispuso el juez Martínez de Giorgi luego de que un empresario que aparece en los textos los hiciera analizar por peritos privados y detectara "gravísimas irregularidades" consistentes en "adulteraciones y tachaduras de nombres, lugares, direcciones y fechas". Los detalles.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía las operaciones que se realizarán a 300 kilómetros de la costa bonaerense y que había sido apelada por el Gobierno nacional.