En agosto del año pasado, el jefe de Gabinete compró en su cuenta de Mercado Libre un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, 5.848.589 pesos, mucho más que su sueldo de ese mes. La Justicia tiene constancias, además, de otra compra sospechosa que hizo a través de una funcionaria pública que se desempeñaba a sus órdenes.
El fallo fue dictado por la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El voto que condujo la mayoría correspondió a Hornos y recibió la adhesión, en lo sustancial, de Barroetaveña. Borinsky se pronunció en disidencia y propuso levantar el uso de la tobillera electrónica, el régimen restringido de visitas y los límites para acceder a la terraza del edificio.
La multitud de designaciones no se limitó a los magistrados, ya que también se oficializaron designaciones en el Ministerio Público, donde se nombraron cuatro defensores públicos y un fiscal, quienes igualmente contaron con el acuerdo del Senado para asumir sus funciones.
Se trata de Marianela Soledad Palmero, pareja del principal acusado y madre de la hija que tiene el ex empleado municipal. Desde un comienzo de la investigación, sobre todo luego de la detención de Barrelier, se apuntó contra la mujer debido a que convivía con el acusado y en las primeras horas de la pesquisa estaba dentro del domicilio.
El ex aliado de La Libertad Avanza en el Senado fue detenido en Paraguay en diciembre de 2024 cuando intentó ingresar a ese país con más 200 mil dólares sin declarar. La situación judicial de su pareja y secretaria Iara Guinsel también es complicada.
Soledad Andreani está señalada por la Justicia como la persona que habría facilitado el Ford Ka utilizado por Claudio Barrelier para trasladar y abandonar el cuerpo de la adolescente en el barrio Ampliación Ferreyra.
Luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 rechazara un pedido para flexibilizar las condiciones de detención, la defensa de la expresidenta volvió a cuestionar la continuidad de la tobillera electrónica, el régimen de visitas y las limitaciones para usar la terraza del edificio de San José 1111. Define la Cámara Federal de Casación.
La decisión judicial surge a partir de una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino.
La causa gira alrededor de la relación del libertario con Federico “Fred” Machado, un empresario radicado en Estados Unidos que admitió haber participado en operaciones de lavado de dinero y que además fue investigado por presuntos vínculos con maniobras de narcotráfico.
El acusado estaba imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por cometerse en un contexto de violencia de género. Sin embargo, ahora la Fiscalía agravó su acusación por el delito de “homicidio triplemente calificado”. Acerca de su indagatoria, negó los hechos y se abstuvo a dar testimonio frente al fiscal.