25.09.2014 - 14:09 /
Crean comisión para analizar posible reforma constitucional en Catamarca
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, firmó el decreto 1685 por el que se dispone la creación de una "Comisión Consultiva y de Participación Ciudadana" que tendrá a su cargo la confección de un informe, cuyo contenido refleje la opinión de los distintos actores sociales, en una propuesta de reforma de la Constitución provincial, con un plazo de 60 días para realizar las consultas.
Según el decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, se crea la "Comisión Consultiva y de Participación Ciudadana para la reforma de la Constitución de Catamarca”, que estará integrada por un representante de la Univesidad Nacional de Catamarca, el Tribunal Oral Federal, la Agencia para el Desarrollo Económico, la Junta de Estudios Históricos, el Colegio de Abogados, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, un experto en desarrollo de tecnología y energías alternativas y un representante del Poder Ejecutivo.
En representación del Poder Ejecutivo fue designado el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, especificándose que todos los integrantes de la Comisión desempeñarán sus funciones "ad honorem”.
La Comisión tendrá por objeto la realización de un proceso consultivo amplio y abarcativo y deberá reunirse una vez en el oeste y otra en el este de la provincia.
La conclusiones serán consideradas al momento de enviar al Poder Legislativo el proyecto de ley de Declaración de Necesidad de la Reforma de la Constitución.
Para el debate, la Comisión podrá convocar a partidos políticos con personería vigente, representantes de los poderes del estado provincial, Iglesia católica y otros credos, representantes de organismos autárquicos y descentralizados de la administración, asociaciones gremiales de trabajadores, profesionales, industriales, productores y cámaras económicas, asociaciones civiles, universidad y ámbitos académicos, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales, propietarios o directores de los medios, ciudadanos en general, respectivamente.
El plazo para el proceso de consultas es de 60 días corridos y al término del mismo se deberá elevar un informe sobre la tarea y las conclusiones.
Todas las sesiones de la Comisión serán abiertas al público en general, previa acreditación.
En los fundamentos del decreto, se señala que la convocatoria del Poder Ejecutivo, "se propicia la creación de un nuevo contrato social, basado en la recepción de expresiones directas del pueblo en su conjunto y no en pactos políticos de carácter corporativo y se estableció que la labor de la comisión consultiva será en base al sistema de audiencias públicas que garanticen la participación".
En representación del Poder Ejecutivo fue designado el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, especificándose que todos los integrantes de la Comisión desempeñarán sus funciones "ad honorem”.
La Comisión tendrá por objeto la realización de un proceso consultivo amplio y abarcativo y deberá reunirse una vez en el oeste y otra en el este de la provincia.
La conclusiones serán consideradas al momento de enviar al Poder Legislativo el proyecto de ley de Declaración de Necesidad de la Reforma de la Constitución.
Para el debate, la Comisión podrá convocar a partidos políticos con personería vigente, representantes de los poderes del estado provincial, Iglesia católica y otros credos, representantes de organismos autárquicos y descentralizados de la administración, asociaciones gremiales de trabajadores, profesionales, industriales, productores y cámaras económicas, asociaciones civiles, universidad y ámbitos académicos, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales, propietarios o directores de los medios, ciudadanos en general, respectivamente.
El plazo para el proceso de consultas es de 60 días corridos y al término del mismo se deberá elevar un informe sobre la tarea y las conclusiones.
Todas las sesiones de la Comisión serán abiertas al público en general, previa acreditación.
En los fundamentos del decreto, se señala que la convocatoria del Poder Ejecutivo, "se propicia la creación de un nuevo contrato social, basado en la recepción de expresiones directas del pueblo en su conjunto y no en pactos políticos de carácter corporativo y se estableció que la labor de la comisión consultiva será en base al sistema de audiencias públicas que garanticen la participación".
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