El fiscal federal Federico Delgado pidió investigar el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el financiamiento de la última dictadura cívico-militar y le pidió al juez federal Sebastián Ramos que ordene recabar información al Ministerio de Economía, al Banco Central y a la representación argentina del FMI.
La causa fue caratulada como "NN sobre delito de acción pública", y comenzó tras una denuncia realizada en 2005 por los diputados Patricia Walsh, Mario Cafiero y Vilma Ripoll. Además, está relacionada con otra iniciada por Alejandro Olmos para declarar ilegal la deuda externa.
Según Delgado, "es una obviedad" que existió una relación de "complicidad estructural" entre la dictadura y el FMI pero aclaró que no hay pruebas para "bajar" esa relación a las exigencias del derecho penal para establecer si algunos miembros de aquel organismo participaron en delitos de lesa humanidad.
Es por eso que el fiscal pidió investigar el rol del FMI y consideró que se debe lograr probar "que entre la represión y las ideas económicas había un nexo genético. Y, además, que participaron de esos hechos asumiendo esa relación, sabiendo que el terror dejaría el camino listo para el nuevo rumbo social".
Al no haber encontrado testigos o documentos que acrediten participación de algún funcionario del FMI, Delgado decidió "asumir el fracaso" de la pesquisa de lo que denomina la "culpabilidad fina", es decir encontrar las personas responsables, y decidió focalizarse en la "culpabilidad gruesa" o institucional.