
El Consejo de la Magistratura debe, en los próximos meses, renovar autoridades y hasta ahora todo indica que el órgano encargado de la selección y la remoción de los jueces a nivel nacional y federal puede quedar en manos de una abogada aliada al macrismo.
Los acuerdos políticos en el órgano que cuenta con una mayoría oficialista actualmente indican que Adriana Donato, representante de los abogados de la Capital y quien llegó al Consejo secundada por el actual ministro de Justicia, Germán Garavano. Donato es una de las referentes de la agrupación Gente de Derecho (GDD) que lidera Jorge Rizzo, elegido nuevamente presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en una alianza que incluyó al presidente de Boca, Daniel Angelici, sindicado como el monje negro de Mauricio Macri en la justicia.
“Sólo soy simpatizante de Boca”, dice Donato en su despacho de la calle Paraná mientras toma un cortado y mira de reojo el grabador que registra la entrevista. La consejera que suena como número fijo para reemplazar a Miguel Piedecasas niega tener vínculos directos con Angelici, a quien la pasión por el club de la Ribera – y quizá otras – liga con jueces y fiscales de Comodoro Py y del propio palacio de Talcahuano.
Donato se mueve como una malabarista a la hora de analizar los temas más delicados que se juegan en el Consejo de la Magistratura: la situación de Daniel Rafecas, la auditoría sobre los juzgados federales que puede servir para motorizar una depuración de los tribunales a imagen y semejanza de los deseos de la Casa Rosada y su paso por el jury contra José María Campagnoli.
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el Consejo de la Magistratura en el mediano plazo?
Son los mismos que venimos dando, las mismas batallas en cuanto a lograr los consensos, teniendo en cuenta la última reforma de la ley, la composición no respeta los equilibrios necesarios que el constituyente estableció dentro del propio texto constitucional. Creo que con la nueva integración hubo cambios. Creo que ha habido un muy buen trabajo de Juan Mahiques (el representante del Ejecutivo) porque lograr consensos no es sencillo. La nueva integración, al sustituirse el consejero del poder Ejecutivo y la incorporación de Pablo Tonelli ha ayudado a que se pudieran lograr ciertos consensos que antes eran impensados.
¿Entonces usted veía el Consejo durante la etapa kirchnerista como disfuncional?
Indudablemente. Costaba muchísimo sacar los concursos, llevar a un magistrado a un proceso. Había dos grupos que en modo alguno podían consensuar, salvo en algunos temas puntuales. Continuar en esta línea es mi desafío personal. Tengo otro desafío que es acotar los tiempos en todo lo que sea administración porque los procesos son muy burocráticos.
¿No habría cambios de nombres en la administración?
Por ahora creo que no.
¿El Consejo puede resolver el tema de las vacantes en la Cámara Federal de Casación o es un agujero negro?
Es un tema que está bastante empantanado. Yo creo que las cosas siempre se pueden resolver, pero hoy cuesta acompañar las propuestas que hay.
¿Hay algún candidato que le cueste acompañar en concreto?
Me lo reservo.
¿Se puede avanzar en algún tipo de reforma del Consejo después del fallo del año pasado de la Cámara?
La necesidad de reforma es sustancial. Pero quien tiene que resolver es el Congreso, no es competencia nuestra. Tenemos que recuperar el equilibrio, sobre todo los lugares que teníamos los abogados. Con la reforma, de cuatro pasamos a ser dos.
¿No van a estar sobrerrepresentados con respecto a los otros estamentos?
No, en absoluto. Nosotros vamos a colaborar desde lo técnico y no desde lo político.
El Consejo aprobó una auditoría sobre los jueces federales, ¿no va a servir para una caza de brujas para depurar la justicia de magistrados molestos para el gobierno?
En modo alguno esto es una caza de brujas. Era un reclamo de los abogados. Quizá es un poco amplia, lo dije cuando se aprobó, pero a mí me parece correcto que se haga. Hay que entender que la auditoría en sí lo que importan son los resultados que arroje esa auditoría y con esos resultados ahí sí se tendría que hacer una denuncia y todo el proceso que está reglamentado, donde los magistrados van a tener todo el derecho a defenderse, a aportar otras pruebas.
¿No le preocupa que a la auditoría suscriban sectores pro-represores como Justicia y Concordia que persiguen otros fines?
Obviamente se sumaron a esta iniciativa de los abogados. Sí, hay organismos que no sumaron a estas firmas. A mí me interesa que hay un pedido de mi estamento y que me parece correcto para acompañar.
¿Cuál va a ser el criterio para auditar las causas? ¿Se va a mirar el desempeño en determinadas investigaciones?
Es global. Serán todas aquellas causas que tengan que ver con la corrupción.
¿No se van a usar causas testigo?
No. Es la totalidad de las causas, por eso digo que es un poco amplia y también abarca 20 años. Aparentemente se puede hacer y ha habido colaboración de los magistrados.
El juez Carlos Rozanski viene denunciando que es víctima de una persecución por parte del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo responde a esas declaraciones?
Persecución, ninguna – absoluta y categóricamente. Acá hay una denuncia. Nosotros estamos recolectando pruebas, estamos en las medidas preliminares, hemos escuchado a más de 20 testigos. Se le notificó, nombró abogado defensor. Después tendremos que evaluar si pasamos a una segunda etapa. Nosotros estamos recolectando pruebas. Lo cierto es que hay testimonios muy fuertes.
¿Quiénes brindaron esos testimonios?
Empleados y jueces que compartieron con él el tribunal en carácter de subrogantes.
¿Usted tiene una postura tomada frente a este caso?
No puedo prejuzgar. Lo que sí puedo decir es que he escuchado testimonios fuertes.
¿Qué opina de la solicitada contra el juez Daniel Rafecas?
Yo creo que todo el mundo tiene derecho para sacar una solicitada. Ahora, para que se trate el tema, tiene que venir una denuncia con todos los requisitos que impone el reglamento.
¿No lo ve como un acto de presión?
Para que hayan actos de presión tiene que haber gente presionable. Yo creo que he dado muestras de estudiar los expedientes, no me manejo por los actos de presión.
¿Cuál es la situación de Rafecas en el Consejo?
Seguro hay dos que están acumuladas y no sé si hay una o dos más. Hay medidas de prueba y después se evaluará. Dar una opinión ahora es prejuzgar.
Hay una versión periodística – surgida del Grupo Clarín – que indica que el gobierno busca la remoción de Rozanski, Rafecas y el camarista Eduardo Freiler. ¿Hay actividad en este sentido en el Consejo?
A mí no me consta. Más allá de lo que pueda decir el gobierno, lo que importa es el expediente.
¿Qué opina de la intervención de Rafecas en la denuncia de Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner?
Puede ser materia de análisis. No puedo opinar.
¿
Comparte que la mayor cantidad de denuncias que reciben los jueces es por el tenor de sus decisiones?
Indudablemente. La gente se siente disconforme con una determinada sentencia y entonces viene al Consejo para que revisemos la sentencia. Para eso están los recursos. Nosotros no podemos revisar sentencias. Los jueces no pueden ser removidos por sus sentencias. Nosotros tenemos que garantizar independencia, que puedan trabajar tranquilos y de eso se trata. Puede haber un error judicial, lo que no puede haber es prevaricato.
“A Campagnoli no lo salvó la gente”
El juicio político contra Campagnoli fue uno de los grandes parteaguas de la política, la justicia y los medios durante 2014, varios meses antes de que el país se conmocionara con la denuncia de Nisman y su posterior muerte. Donato era parte del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y estaba dentro del bloque que defendía al fiscal – acusado por replicar una causa contra Lázaro Báez que estaba en manos de su colega federal Guillermo Marijuán.
¿Qué dejó el jury de Campagnoli?
Dejó en evidencia que muchas veces hay gente que puede oponerse a un poder. Se dio una resistencia a una causa que creo que era más una persecución política que una causa probada. No había motivo para sancionar al fiscal Campagnoli.
¿No hubiese sido mejor que terminara el jury?
No tengo dudas. Me hubiese gustado salir con la sentencia. Ahí tenía opinión formada porque estaban todas las pruebas producidas. Lamentablemente no se pudo hacer, la cosa se complicó mucho y salió por el vencimiento del plazo – que eran los seis meses.
¿Hubo presiones durante el proceso?
Yo no tuve demasiadas presiones. A veces me molesta que se diga que la sociedad lo salvó. Esto era constancia del expediente porque en caso contrario parece que, si la sociedad reclama algo que no corresponde, uno tiene que hacerle caso y eso no es así. Creo que hubo algunas otras presiones.
¿Qué opinión tiene de la procuradora Alejandra Gils Carbó?
No es sólo el jury de Campagnoli – ése fue mediático – pero hubo otro contra el fiscal (Domingo) Batule con una acusación que no resistía el menor análisis, tal es así que la votación salió 6-1. Si tengo que opinar en cuanto a esto, no guarda la imparcialidad y la independencia que debe tener un procurador. Más allá de eso, no puedo evaluar su actuación.
¿Entonces apoya el pedido del gobierno para removerla?
Si me baso en lo que dije, sí – pero seguramente el gobierno tiene más elementos para evaluar si es imparcial o no.
¿Cómo es su relación con Angelici?
¿Personal? Ninguna. Lo he visto en dos oportunidades en el Colegio Público y en dos eventos sociales: en un casamiento y en una cena. No tengo una relación de amistad ni nada. Muchos abogados del PRO, entre los cuales está Angelici, hizo un acuerdo con GDD, que es mi agrupación y me propuso para este cargo, y de ese acuerdo salió la mayoría para que yo esté acá.
¿Hay algún límite a los acuerdos con PRO para GDD?
GDD como quien habla siempre defendió el respeto irrestricto a la constitución y esto significa respetar las leyes y todos los reglamentos. Ése es el límite.
Hay muchas versiones que lo involucran a Angelici con los servicios de inteligencia, ¿no es un límite?
La verdad es que no me consta, no tengo conocimiento.