El Ministerio de Salud de la Nación trabaja en una modificación de la reglamentación de la Ley de Salud Mental con la que buscará trasladar al organismo responsable de controlar el cumplimiento de la normativa a la órbita del Poder Ejecutivo. De esta manera se busca desactivar la aplicación de una ley de avanzada en materia de derechos, como lo consideró el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando meses atrás le recomendó al Estado argentino “velar por la plena aplicación de los estándares internacionales y de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657” y “establecer un sistema independiente de supervisión y presentación de informes”.
Tal como señala la OMS/OPS, la independencia de los órganos de revisión “es un aspecto crucial” para detener las violaciones a los derechos humanos y esos organismos “no deben recibir influencias políticas, ministeriales o de proveedores de servicios de salud”.
Sin embargo
de llevar a cabo estos cambios, el Ministerio de Salud de la Nación sería, a la vez, autoridad de aplicación de la ley y organismo de control de dicha aplicación, lo que va en contra de los compromisos asumidos por la Argentina en la protección de derechos humanos de pacientes de salud mental alojados en neuropsiquiátricos.
Por su parte no sería la primera vez que el gobierno de Macri avanza en contra de disposiciones de organismos internacionales dado que recientemente, el Jefe de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió por la “inmediata liberación” de la dirigente social Milagro Sala, encarcelada desde hace 11 meses. Ello se suma al pedido de explicaciones que, al respecto, la ONU le pidió al primer mandatario, a través de su Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. En un sentido similar se manifestó el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a Macri durante su visita a la Argentina.
Las organizaciones de usuarios y familiares de pacientes de salud mental, se han manifestado en contra de la modificación al Decreto Reglamentario que, además, busca apartarlos de la mesa de toma de decisiones del Órgano de Revisión y reemplazarlos por dos asociaciones de psiquiatras, lo que va en contra de la "interdisciplinariedad" de la que habla la ley.