Un día después de ser condenada a
tres años de prisión en suspenso por “instigar” un escrache en el que no estuvo, Milagro Sala recibió una nueva condena de la justicia jujeña. Esta vez,
fue penada a pagar una multa e “inhabilitada para ser electa en organizaciones sociales y políticas por tres años”. Es decir, hasta que termine el gobierno de Gerardo Morales.
En este segundo juicio, Sala fue acusada por una contravención iniciada a raíz del acampe en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, que la organización Tupac Amaru mantuvo durante casi dos meses entre fines de 2015 y principios de este año. La dirigente estaba acusada de ocupación del espacio público, alteración del orden y obstrucción del tránsito vehicular y peatonal, un delito contravencional que contempla una pena de entre tres y 10 días de arresto, más una sanción económica. El acampe se desarrolló de manera pacífica, en reclamo por la continuidad laboral de unos 18 mil cooperativistas.
Por este acampe, Sala fue detenida el 16 de enero pasado, aunque luego quedó presa por la imputación de otros delitos.
El fiscal Rodolfo Retamozo alegó que en la “ocupación” de plaza Belgrano “no está en juego el derecho a la protesta sino la legitimidad del ejercicio del mismo; el acampe de cincuenta días vulneró los derechos de la población jujeña, no tuvo la racionalidad que requiere la ley, obstruyó la plaza principal y calles importantes, la zona del hospital y la Catedral, fue desproporcionado”. Y pidió, además de una multa de 3780 pesos, la inhabilitación de Sala para ser electa en organizaciones sociales y políticas, como así también la propia inhabilitación de la Tupac Amaru.
El veredicto se dio a conocer esta noche, luego de que se formularan los alegatos por parte de la defensa de Sala y de la parte acusatoria, conformada por el Departamento Contravencional de dicho juzgado.
La multa con que se la condenó a Sala es la más alta prevista por la infracción al artículo 113 del Código Contravencional de Jujuy, y la misma condena recibió la organización social Tupac Amaru, también multada, además de la clausura de su sede por tres meses.
“Es un primer intento de proscripción social que recuerda a la Revolución Libertadora, como no podía ser de otra forma de un empleado de Morales, en sintonía con todos los actos represivos llevados adelante por este gobierno provincial contra la clase trabajadora este año”, dijo Luis Paz, del equipo de abogados de Sala, al diario Página 12. Por su parte,
la abogada Paula Álvarez Carreras calificó el fallo como un “escándalo y un delirio”, “porque no es potestad de la justicia contravencional solicitar ese tipo de sanción excesiva y desproporcionada”.
La propia Sala dijo, tras la sentencia, que “esto es parte de un circo, la resolución es absolutamente antidemocráctica y sólo apunta a seguir criminalizando la protesta”. La dirigente social, ahora impedida de serlo, lleva casi un año presa. Pese a los pronunciamientos de diversos organismos nacionales e internacionales que abogaron por su liberación.
