En un acto en el Salón blanco de la Casa Rosada, en el que participaron los ministros de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y de la Ciudad, Martín Ocampo, Cambiemos anunció la decisión de transferir los fueros Penal, Comercial y de Menores de la Justicia ordinaria a la órbita porteña. El objetivo es acelerar el funcionamiento de los juzgados.
El convenio, que propone la transferencia de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires ya fue rechazado por los trabajadores judiciales. Si bien el macrismo especula con que no habrá demasiadas trabas para aprobar la medida, deberá enfrentar el veto de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), que aseguró que lo impugnará en los tribunales y en el Poder Legislativo.
Existe "el riesgo de nombramiento futuro de magistrados obedezca a razones políticas", advirtió la entidad. Además desde Amfjin sostuvieron que
"esta estabilidad precaria conspira sin duda contra el derecho de los habitantes de la ciudad a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente independientes” y que “el traspaso atenta contra las garantías de autonomía e independencia consagradas en el artículo 120 de la Constitución Nacional" de los funcionarios de esas dependencias.
El Defensor Adjunto porteño, Luis Duacastella se refirió esta mañana al traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y aseguró: “Es una gran paso que, sin dudas, fortalecerá la Defensa Pública y la acercará más a la ciudadanía”.
Duacastella señaló que la transferencia de competencias penales “consolida la autonomía de la Ciudad” y recordó que “además de ser una manda institucional, era un compromiso de todos aquellos que tenemos una responsabilidad pública”.
“Es muy importante que los porteños, como cualquier habitante de otra provincia, tengan su propia justicia local”, afirmó. Y agregó: “Así como votan a su jefe de Gobierno y legisladores, también puedan elegir, a través de estos últimos y del Consejo de la Magistratura, los jueces que luego van a resolver sus problemas”.
El Defensor Adjunto destacó también que “el traspaso aportará más herramientas para la Defensa Pública, ya que al tener instituciones que sólo se ocupen del vecino de la Ciudad, la justicia podrá ser aún más rápida y efectiva”.
“Esta decisión beneficia a los asistidos por el Ministerio Público de la Defensa ya que la legislación procesal de la Ciudad ofrece más garantías y asegura ser juzgado en un plazo razonable”, explicó.
“A partir de ahora, debemos empezar a discutir qué modelo de justicia civil, comercial y laboral queremos para la Ciudad, pensarlas más allá de la política, poniendo el eje en el acceso a la justicia”, concluyó Duacastella.
