
El Gobierno pretende avanzar en su reforma a pesar de las tensiones generadas con la Confederación General del Trabajo (CGT). La intención es
realizar cambios en la ley, de 1991, de regularización del empleo no registrado de la mano de la modificación del sistema de riesgos del trabajo. El propósito en ambos casos es el mismo:
reducir el costo laboral a las empresas, con la intención de mejorar la competitividad de las compañías.
Entre los principales puntos de las modificaciones que tienen en carpeta están:
reducir la cantidad de juicios en relación con los accidentes de trabajo o el empleo en negro, avanzar en un
blanqueo o moratoria laboral, la
creación de una agencia de talentos, la
incorporación al mercado laboral de las personas que cobran planes sociales y la
rebaja de contribuciones patronales.
Todos estos temas pasarán por la mesa del Diálogo por el Trabajo y la Producción, en la que se sienta el triunvirato de la CGT, el empresariado y el Gobierno.
Desde el sindicalismo confirmaron que el oficialismo ya llevó algunas de esas medidas a las negociaciones pero estiman que en la actualidad la prioridad es que se cumpla con el llamado pacto antidespidos y con las negociaciones paritarias para este año.
La idea oficial es que el dinero de las multas que contempla la ley 24.013 para los empleadores que no registran correctamente a sus empleados o que falsifican sus fechas de ingreso (artículos 8 y 9) en una relación laboral y, al mismo tiempo, las dobles indemnizaciones agravadas (previstas en el artículo 15)
dejen de pagarse a los trabajadores y vayan a un Plan Nacional de Empleo y Formación Profesional o a compensar el sistema previsional.
Además, consigna La Nación, según una parte del proyecto, que se prevé la
eximición de contribuciones patronales para los empleadores que contraten un trabajador "por tiempo indeterminado y registrado", siempre y cuando esa contratación "produzca un incremento en su plantel de trabajadores".
Este incentivo será más elevado, de hasta el 30%, en Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, y de hasta el 10% en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, y la ciudad de Buenos Aires.
Además,
entre el Gobierno y los sindicatos negocian si habrá un blanqueo (quita de deuda)
o moratoria (facilidades de pago)
para el mercado laboral. En Trabajo impulsan una moratoria, mientras que la CGT piensa que un blanqueo sería más efectivo. Fuentes sindicales afirmaron igualmente que cualquiera de las medidas es insuficiente si la economía no crece y los despidos no merman.
El Gobierno propone además juntar todos los planes oficiales que existen para la formación de trabajadores y crear una Agencia de Talento que los concentre. También está la idea de comenzar a sumar al mercado de trabajo registrado a través de distintos incentivos a aquellas personas que cobran un plan social con prestaciones laborales.