Tres meses después de la cuestionada resolución -y su posterior marcha atrás -que bajaba los haberes a través de un cambio en la fórmula de movilidad con la que se actualizan semestralmente las jubilaciones, pensiones y AUH,
el juez federal Sebastián Casanello desestimó una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el director de la ANSES, Emilio Basavilbaso.
Casanello tomó esa decisión tras un pedido del fiscal federal
Franco Picardi, que
consideró que no hubo ningún delito en el hecho que generó la reacción de la oposición al conocerse la determinación administrativa que implicaba una fuerte baja en el haber jubilatorio.
Fernando Miguez, titular de la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático, fue quien denunció a los funcionarios por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tras
el decreto que dispuso reajustar el aumento jubilatorio desde el inicial 12,96% al polémico 12,65.
"A espaldas de la sociedad Argentina suponemos con un rédito económico que no le corresponde, como así también no les corresponde a los funcionarios denunciados el hacer este tipo de acuerdos sin la intervención de los canales ordinarios, menos aún este cambio de fórmula pasará la aprobación del Congreso Nacional en sus dos cámaras, es eso lo que finalmente no se llega a comprender ni vislumbrar toda vez es el presidente de la Republica y no el CEO del Estado Nacional, la República Argentina no es una S.A., Macri no es el presidente de ella", había sostenido en su presentación.
