12.03.2018 / Revés para Cambiemos

Tambalea la promesa de obra pública del Gobierno: las empresas no quieren pagar IVA y se posterga el inicio del PPV

El programa de Participación Público Privado, la esperanza de Macri para cumplir lo prometido en materia de obra pública, sufrió un nuevo revés que pospuso su comienzo. La licitación para rutas y autopistas será postergada porque los empresarios rechazan el IVA, se quejan por los costos y dudan de las garantías PRO.



El plan del gobierno nacional para ajustar el Estado y sostener lo prometido en campaña tiene uno de sus núcleos en que, básicamente, la obra pública deje de ser del todo pública y la paguen empresarios. Sin embargo, como era esperable, los CEOs buscan rentabilidad y la iniciativa PRO tambalea: el programa de Participación Público Privado (PPV), con el que Mauricio Macri pretende cumplir su "compromiso" con el "boom" de obras y aliviar el déficit que viene aumentando con deuda, continúa con inconvenientes para arrancar porque los empresarios no quieren que les cobren IVA, se quejan por los costos y desconfían de las garantías de pago del Ejecutivo.

Según publicó el portal La Política Online, la apertura de sobres para la construcción de rutas y autopistas, pensada como primera experiencia de inversión bajo el modelo de PPP, estaba prevista para el próximo 3 de abril. Sin embargo, será postergada por el Ministerio de Transporte porque los empresarios pidieron más tiempo debido a las dudas que tienen acerca de la letra chica del programa

La nueva expectativa es que lo que debía ocurrir en lo próximo se produzca en alrededor de un mes y medio. El problema es que los empresarios siguen teniendo complicaciones para analizar los costos del modelo y las posibilidades de retorno de la inversión. Como surge del modelo macrista, el aumento de las tasas de interés para endeudamiento es determinante y se suman las dudas sobre el cumplimiento de las metas de inflación, elementos que no hacen más que poner todavía más cautelosos a los hombres de negocios.

Uno de los inconvenientes principales que tiene el programa es que el financiamiento es sin garantía soberana, por lo que la tasa de interés es mucho más alta. La ley de PPP precisamente evita ese detalle, ya que si el Estado termina garantizando las deudas no tiene sentido el sistema, que implicaría tomar deuda a tasas más caras que si hiciera de manera directa, como es hasta ahora. ¿Qué ocurre, naturalmente? Las empresas no quieren saber nada de poner plata sin ese resguardo.

Por esto, hace semanas se especula en el mercado con la posibilidad de que el Ministerio de Finanzas termine emitiendo alguna clase de bono con una garantía disfrazada. Ese es el reclamo de los posibles inversores, aunque el principal pedido sigue siendo la garantía soberana.

Otro tema controversial es el método elegido para el pago de obras, que es la emisión de un "bono TPI" (Títulos de Pagos con inversión). Se trata de un bono en dólares a 10 años que le entregarán a los contratistas ante cada período de obra finalizado. El problema es que el Gobierno impuso que esos títulos tengan interés cero, a menos que se atrasen los pagos.

Lo que dicen los empresarios es que por no tener tasa de interés y las dudas que hay con los PPP, estos títulos en el mercado los podrían colocar a un 35% de su valor, según calculan. A esto se suma -según comentan los ejecutivos- que por otra polémica decisión del Gobierno los bonos TPI tienen que pagar IVA, por lo que habría que descontarle otro 21%. La arquitectura de esos bonos es compleja hasta para quienes están habituados a emitir deuda.

También hay debate en torno a qué sucede si el fideicomiso que se creará para pagar esas obras (que será alimentado por una tasa sobre el gasoil), es insuficiente. En el Gobierno se comprometen a incluir cada año en el Presupuesto una garantía para que el Tesoro pague la diferencia.

Con esto más el alto costo de financiamiento, la falta de garantía de retornos de inversión y los temores por la inflación futura, la ecuación económica no cierra y por eso trascendió que los proyectos que las empresas están diagramando para presentar ante el Gobierno contienen precios que hasta duplican los de las obras tradicionales, según detalló días atrás el diario El Cronista.

La resolución inmediata que analizan en el Gobierno es, además de postergar la apertura de los sobres, efectivamente cumplirle el deseo a los empresarios y eximir el IVA para garantizarles un mayor margen de ganancia.

Las constructoras tradicionales preferirían directamente que el Gobierno emita un bono y les pague por las obras, aunque el problema de la Rosada es que se le está disparando la relación deuda/PBI y necesita descomprimir el endeudamiento. De todos modos hay quienes sostienen que el mecanismo de PPP es deuda encubierta.

Para peor en el Gobierno ya empiezan a hablar sin temor sobre la posibilidad de volver a incumplir la meta de inflación del 15%, a cambio de empujar un poco el crecimiento y disminuir el malestar social, tres elementos que no viene consiguiendo el macrismo desde que está en Casa Rosada.

Así las cosas, en el mercado empieza a circular muy fuerte el fantasma del fracaso del PPP en España, donde el gobierno de Mariano Rajoy tuvo que estatizar las autopistas y asumir pérdidas por casi 2.500 millones de dólares. Algo similar está sucediendo en el Reino Unido, lugar de la creación de los PPP, donde el Parlamento emitió un documento lapidario sobre el sistema y advirtió sobre las pérdidas millonarias que debe asumir el Estado.

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