De algo estamos seguros a esta altura, que la Seguridad Social desde la asunción del Gobierno de Cambiemos, se encuentra deteriorada y puede estar aun peor si se siguen políticas restrictivas o de ajustes como las planeadas desde el seno de la Casa Rosada con satélite en el FMI.
Los jubilados fueron obnubilados con las promesas de un futuro mejor a finales de 2015, ya que el nuevo gobierno tenia la solución a todos los problemas que acarreaban a la clase pasiva.
Con la creación de la Reparación Histórica, que todavía la usan como bandera de buena gestión, creían que resolvían todos los males que aquejaban a la tercera edad. Muy por el contrario, el resultado a dos años de su implementación arroja mas dudas que certezas. Solo 10% de los beneficiarios (jubilados y pensionados) que les ofrecieron un aumento que tramitan un juicio a cambio de desistir el juicio, acepto el ofrecimiento. Los demás continúan litigando en el fuero de Seguridad Social, a la espera de un desenlace favorable. El índice de actualización que utiliza la reparación histórica (RIPTE) es de un 170% frente el que dictamina la justica (ISBIC) que es de un 400%.
Las diferencias son descomunales y ahí tenes el resultado del fiasco del Programa de Reparación histórica. Los intentos de ANSES en modificar ese índice RIPTE por la corte Suprema, por el momento no han encontrado lugar sino barreras que todavía subsisten y se afianzan en el ordenamiento judicial.
Como si fuera poco, en diciembre pasado el congreso aprobó la reforma de la movilidad con todos los conflictos sociales que sucedieron en las inmediaciones de las calles Rivadavia y Entre Ríos. Como explicamos en muchas oportunidades, que lo se trato de hacer es cambiar un índice, sin haber hecho un análisis somero de las implicancias que tenia a futuro. Debian cerrar un acuerdo de gobernabilidad sin aportar cual afectados estarían los beneficiarios. No importa con que recursos contaban, los numeros debían cerrar.
Recordemos que ya la vieja ley de movilidad (ley 26417) sancionada en 2009, establecía un aumento semestral, considerando la recaudación del Sistema Integrado Previsional Argentino y al variación Salarial. Ese criterio fue consensuado luego de años de litigio, por previsionalistas, jueces, doctrinarios y finalmente por el Congreso de la Nación Argentina. Prácticamente con ese esquema se iba incrementando de a poco el poder adquisitivo de los jubilados y reduciendo la litigiosidad en tribunales. Se estimaba que en 2019, no se iban a iniciar reclamos de reajustes de haberes. He aquí, la cuestión de un punto en el cual el sistema caminaba sobre riendas.
Sin embargo,
con el nuevo marco de movilidad enfocado en la inflación (IPC) y variación salarial de los estatales (RIPTE), no solo disminuyeron el poder adquisitivo de los jubilados (5.71% frente un 14,5% de la vieja movilidad solo en marzo de 2018), sino que también abrieron un “caja de pandora” a cataratas de juicios por la “regresividad” de los haberes previsionales, garantizado por nuestra Constitución Nacional en el art.14 bis.
En un reciente fallo de la Cámara Federal de Seguridad Social en su Sala III, del 5 de junio del 2018, frente a un reclamo individual de un jubilado, decreto la inconstitucionalidad del aumento de marzo del 2018, e intimo al ANSES a que en 30 días, reestablezca el haber con los parámetros de la ley 26417 (14,5%) o sea una diferencia de un 9%. Dicha sentencia se encuentra firme, a pesar de que el organismo previsional pueda recurrir vía extraordinaria a la Corte Suprema, es de ejecución inmediata. Dicho precedente abre la puerta a futuros reclamos de un abanico de 17 millones de personas, porque la movilidad de ley abarca toda la Seguridad Social en los que además de los haberes previsionales están la AUH, Asignaciones, PUAM, Pensiones no contributivas, entre otras cosas.
Las variables previsionales se siguen deteriorando y parece que los encargados de administrar y ejecutar los recursos no son los mejores o no velan por los intereses de sus beneficiarios.
