Tan solo faltan 52 días para las elecciones generales y tres meses para el 10 de diciembre, fecha en la asumirá el poder un nuevo presidente o, en su defecto, continuará en su cargo el actual jefe de Estado.
Ésa parece ser la preocupación central de Mauricio Macri, pero no la única: es que si no es reelecto, el líder de Juntos por el Cambio abandonará la Casa Rosada sin que el Congreso le apruebe los gastos de gestión en ninguno de sus cuatro años de mandato, y, por eso, los temores judiciales están a flor de piel.
Es que después de la paliza de las PASO, cuando
Alberto Fernández derrotó a Macri por más de 15 puntos, y cuando las encuestas de cara a los comicios generales arrojan al unísono una caída del oficialismo aún más abultada, todo indica que el líder PRO dejará el poder con varias causas latentes en la justicia y, encima, como el mandatario que culminará su mandato más "flojo" de papeles oficiales:
el Congreso no le aprobó ninguna de las cuentas de inversión de su gestión que remite la Auditoría General de la Nación (AGN), y si en octubre se repiten los resultados del 11 de agosto el post diciembre encontrará a los recintos del Parlamento casi hegemonizados por la actual oposición.
Hasta la trompada electoral de las primarias, tal como reveló el portal LPO,
la idea de Juntos por el Cambio era negociar con el peronismo la aprobación de la cuenta de inversión de 2015 -último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner- junto a los primeros dos de Macri, es decir 2016 y 2017, aunque este último todavía está en estudio entre los auditores. Sus informes son evaluados por la comisión bicameral mixta revisora de Cuentas, que puede emitir dictamen a favor o en contra, y luego sometidos a los recintos.
Esa comisión está presidida desde 2017 por el jefe del bloque PRO de Diputados, Álvaro González, que la reunió este año dos veces, la última en julio para aprobar el informe anual. Miguel Ángel Pichetto faltó, aunque con su salto al macrismo le garantizó una mayoría para cerrar la comisión si hiciera falta y firmar dictámenes sin negociar con la oposición.
La cuestión es que esos dictámenes no sirven si luego el Congreso los ignora o, lo que es peor, pasa a ser controlado por los enemigos y empieza a mirar las auditorías con otros ojos. Ni hablar si los números son desaprobados.
Una cuenta de inversión detalla todos los números de una gestión presidencial: cómo se recaudó, se gastó, qué obras se hicieron, qué deuda se tomó y cuántos vencimientos se pagaron. Si las conclusiones no son muy generosas, suelen ser tomadas por jueces u opositores al presidente de turno.
El informe que remite la AGN suele ser tomado como un "trámite parlamentario":
se trata de las cuentas de inversión que completan el ejercicio de cada presupuesto según la Constitución, y por lo tanto suelen tener como interpretación legal posible el ser una suerte de protección para cada presidente saliente si le toca dar explicaciones en Tribunales.
Si bien la AGN aclara en su
página web que no eximen de posibles delitos individuales de los funcionarios, el mismo texto aclara que un presidente con una cuenta de inversión rechazada puede ser motivo de juicio político. Obviamente también de más argumentos -y oficiales- en su contra en las eventuales causas que deba enfrentar cuando abandone el poder. O, en el caso de Macri, más datos para las causas que ya lo encuentran investigado.
"Este informe es un insumo para la auditoría sobre Cuenta de Inversión que la AGN realiza anualmente en cumplimiento de su mandato constitucional", incluso cuenta Jesús Rodríguez, el economista radical cercano al oficialismo que se desempeña como uno de los auditores generales en el organismo. Se refiere al artículo 85 de la Constitución Nacional.
QUÉ OCURRIÓ CON CRISTINA
La actual senadora nacional y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos no culminó su último mandato, como le pasaría a Macri, con todos los años de su gestión sin ser aprobados por el Congreso.
En noviembre de 2015, cuando Macri ya era presidente electo a través del ballotage, el kirchnerismo logró aprobar las cuentas de inversión hasta la de 2013, no porque hubiera problemas con los números de 2014 y 2015, sino porque aún no habían sido remitidos al Congreso por la AGN.
En 2016, llegó al Parlamento
la de 2014, y los legisladores kirchneristas intentaron aprobarla, pero Pichetto se negó a firmar el dictamen. Hoy el rionegrino es aspirante a vicepresidente de Macri, cargo en el que casuamente compite contra CFK.
Pichetto aceptó, luego, darle luz verde en la última sesión ordinaria de 2017, días antes que la ex presidenta asumiera como senadora.
CUÁLES SON LOS TEMAS QUE PODRÍAN MOSTRAR A MACRI "FLOJO DE PAPELES"
Macri pasó un 2016 relativamente tranquilo. No fue tan "pesada" la "herencia" que recibió, hasta que él la tocó. En cambio,
las últimas tres cuentas de inversión del líder PRO incluirán los datos relativos a sus varios ítems ampliamente cuestionados por la oposición que comandará el Congreso, posiblemente, a partir del 10 de diciembre: su paso por Wall Street; la vuelta inconsulta al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que hoy tiene a la Argentina con la soga al cuello; los ahorros de los jubilados en el Fondo de Garantía para la Sustentabilidad; y hasta la reprogramación de la deuda local anunciada la semana pasada y aún sin detalles de como se implementará, si se eimplementará y qué costo futuro le trae al Gobierno.
Tras las primarias, la AGN, que está presidida por el pejotista Oscar Lamberto por ser el partido de la oposición con mayor presencia parlamentaria, no viene comportándose muy complaciente con Macri. Está integrada por seis auditores generales: dos peronistas históricos (Graciela de la Rosa y Francisco Ferández), un kircnerista (Juan Ignacio Forlón), dos radicales (Rodríguez y Alejandro Nieva) y otro cercano a Sergio Massa (Gabriel Estrada).
El 14 de agosto la AGN emitió un informe sobre el FGS entre 2014 y 2016, con un llamado de atención a varias medidas del primer año de Cambiemos, algunas ya judicializadas.
Se trata de la
colocación de recursos en el fondo común de inversión Axis, propiedad del entonces secretario de Finanzas Luis Caputo hasta diciembre de 2015, motivo de una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), en la que "Toto" logró salir ileso.
Sus herederos en Axis ayudaron a
Emilio Basavilbaso a comprar Lebac, los títulos emitidos por el Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger a tasas muy altas y con un dólar planchado, tiempos del recordado carry trade.
La AGN también llamó la atención de la
venta de acciones de Petrobrás a Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin, que al año siguiente le compró su empresa a Ángelo Calcaterra, el primo presidencial. La operación se justificó en la supuesta necesidad de liquidez para pagar la reparación histórica a los jubilados, pero nunca se usó dinero del FGS para esa tarea.
Los auditores cuestionaron que el FGS suscribiera deuda de Cablevisión y Arcor cuando estaba presidido por Luis Blaquier, quien tuvo cargos directivos en ambas empresas hasta el año anterior.
Otro problema para los papeles del Presidente es el de la auto-condonación por $70 mil millones de deuda que Macri le hizo a Correo Argentino, empresa de los Macri, denunciada por la fiscal Gabriela Boquín. La AGN iría contra ese salvataje familiar, pero también habría cuesitonamientos contra las gestiones del kirchnerismo.
