Cuando se discute la reforma judicial que, entre otras cosas, busca redistribuir el "poder" que ostenta actualmente Comodoro Py,
la Justicia federal porteña le hizo un favor al macrismo al ordenar que la causa sobre el espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner que se investiga en Lomas de Zamora pase a los cuestionados tribunales de Retiro.
En concreto,
la Cámara Federal porteña determinó esta mañana que el expediente por los operativos de seguimientos ilegales que actualmente se sustancia bajo instrucción del juez federal lomense Juan Pablo Augé debe instruirse en Comodoro Py. Lo hizo al hacer lugar a un pedido de la defensa de
Gustavo Arribas, el ex jefe de la AFI bajo gestión de
Mauricio Macri, solicitud había sido apoyada por el fiscal rebelde y también investigado por espionaje y extorsiones
Carlos Stornelli.
La decisión la tomó al unísono el camarista Mariano Llorens, que hizo lugar al planteo del ex señor 5, quien había acudido a la cámara luego de que la jueza de primera instancia
María Eugenia Capuchetti rechazara un planteo suyo de incompetencia.
Para darle la razón al escribano y "amigo más acostumbrado a las trampas", según Macri, y así revocar el rechazo de Capuchetti, Llorens argumentó que la vigilancia que se desarrolló sobre CFK frente al Instituto Patria y en su casa debía ser analizado por la justicia federal porteña entendiendo que ambos lugares se encuentran en la Ciudad.
En su pedido, Arribas se había excusado justamente en eso: que el caso debía ser analizado en Comodoro Py porque en CABA era donde tenía asiento la AFI y donde "de los tres instrumentos calificados como ideológicamente apócrifos, dos habían sido presentados en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el restante, si bien había sido entregado a una judicatura en Lomas de Zamora, sus efectos se habían producido en esta urbe".
Por supuesto, Stornelli acompañó el pedido, pero la jueza Capuchetti se negó y sostuvo que debía continuar en Lomas de Zamora. El ex empleado de Macri en Boca apeló y el fiscal de Cámara Aguero Iturbe acompañó la postura.
Llorens, sorteado para intervenir, inicialmente se excusó porque su primo, el ex funcionario de Planificación Rafael Llorens, se había presentado como víctima del espionaje en la cárcel. Sin embargo, su colega Pablo Bertuzzi rechazó la excusación.
“La inteligencia ilegal denunciada se realizó sobre el Instituto Patria y sobre el domicilio de la Dra. Fernández de Kirchner, por agentes y directivos de la entonces Agencia Federal de Inteligencia, es decir, sitios y personas vinculados a esta jurisdicción. Y si bien no se desconoce que algunos de los actos fueron desarrollados en el ámbito de Lomas de Zamora, así como en otros sitios ajenos a la Ciudad de Buenos Aires, advierto con claridad que el núcleo de las acciones jurídicamente relevantes se llevaron a cabo en este ámbito y es aquí, entonces, en donde el trámite debe proseguir”, fue la conclusión de Llorens.
Y añadió: “Lo que se resuelve en este decisorio, ceñido a la competencia territorial de la causa 5056/2020 del registro ya reseñado, no va en detrimento ni menoscaba la hipótesis delictiva barajada en la jurisdicción de Lomas de Zamora”.
CÓMO SIGUE LA CAUSA
Esta decisión de la Cámara porteña sucede justo cuando Augé, en otro expediente conexo que también tramite en Lomas de Zamora, había dispuesto el llamado a indagatoria de Arribas, Silvia Majdalani y del ex secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, junto a un grupo de una veintena de espías y la ex funcionaria de Casa Rosada, Susana Martinengo, por integrar una asociación ilícita que, desde la AFI, llevó adelante espionaje político a dirigentes de la oposición y de Cambiemos, gremialistas, jueces, periodistas y hasta a la cuñada del propio ex presidente, Florencia Macri.
Ahora, Capuchetti girará el pedido de Augé. Éste debe resolver si acepta el planteo y se la manda o si, por el contrario, entiende que el caso debe seguir bajo la órbita de Lomas de Zamora, donde la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, había llevado la denuncia cuando la formuló en febrero pasado. En este segundo escenario, se abrirá un problema de competencia que podría llevar a poner freno a la causa hasta que el tema se dirima.
Si Augé acepta y deja de intervenir en el expediente, en Comodoro Py investigarían a Arribas, Majdalani y compañía Capuchetti y el fiscal Stornelli, procesado por sus vínculos con la banda de Marcelo D’Alessio, dedicada al espionaje ilegal, y la AFI de los propios acusados. Una situación insólita.
Según El Destape, no está definido que el expediente vaya directamente a Retiro, ya que desde la defensa de la actual vicepresidenta no descartan presentarse en el trámite de Comodoro Py con un recurso ante la Cámara de Casación. Claramente no comparten lo resuelto por Llorens.
El riesgo es que la resolución de Llorens abre la puerta a que Arribas y Majdalani repliquen esta estrategia en la causa que investiga su espionaje a Cristina para el otro expediente, el mayor, aquel que es la que más preocupa a Macri porque allí está por ser indagado su secretario privado en incluye una persecución ilegal macro a dirigentes de su propio espacio, opositores, sindicalistas, empresarios, periodistas y hasta integrantes de la Iglesia.
Los fiscales de Lomas de Zamora que investigan el caso, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, al igual que los abogados de Cristina, no comparten el argumento de Llorens. Sostienen que algunas de las maniobras físicas del espionaje ocurrieron en la Ciudad, pero la totalidad de esas y otras se orquestaron en los tribunales de Lomas de Zamora.
Allí se le dio cobertura legal a las tareas ilegales de inteligencia, en el marco de la causa G-20, donde se esgrimió un posible ataque contra la expresidenta que debía ser investigado. Para eso se crearon documentos apócrifos en la AFI en tiempos de Arribas y Majdalani.
Según el mismo medio, en el entorno de CFK analizan presentarse en el trámite de Comodoro Py en pos de lograr un recurso de Casación. “Habría que invocar legitimación porque la causa en cuestión es una en la estamos representados”, señalaron.
Lo que argumentarían es que al no encontrarse firme la decisión de Llorens, Augé no debiera remitir la causa. “Por experiencias anteriores, hasta que una decisión de competencia no está firme sigue tramitando en la misma instancia”, indicaron. Esta alternativa llevaría la disputa a la Cámara Federal de Casación Penal, la única instancia con sede en Comodoro Py que no se vio afectada por la reforma judicial. El final es abierto.
Por otra parte, está la eventual reacción de Augé. La mayoría de las veces, los jueces respetan la decisión de un camarista superior, pero existen los casos en que no lo hacen y se produce un conflicto de competencia.
También estaba pendiente de resolución una apelación en la Cámara de La Plata aunque el apelante desistió su acción. Hay expectativa en torno a lo que pueda decir esa instancia, que es la superior de Lomas de Zamora y tiene la misma jerarquía que la cámara porteña.
