En un paso más de su abultada carrera de acciones políticas insólitas y sólo realizadas para llamar la atención mediática antiperonista,
la ex diputada nacional y cofundadora de Juntos por el Cambio Elisa Carrió presentó una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández; el ministro de Salud, Ginés González García; y la secretaria Carla Vizzotti, en la que los acusa de "envenenamiento" por la compra de vacunas Sputnik V al gobierno de Rusia.
La titular de la Coalición Cívica-ARI sostiene que los funcionarios atentaron “contra la salud pública”, defraudaron al Estado e incumplieron sus deberes de funcionario público en las “gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna Sputnik V”.
Lo más llamativo del texto judicial de Carrió es que también incluye un apartado en el que define otro delito, en el marco de las "acciones peligrosas" contra la salud pública, y habla del potencial "envenenamiento" de la población. Más polémico es que la principal heredera de "Lilita" en la Cámara de Diputados, Mónica Frade, se hizo famosa hace unos meses por recomendar en una sesión el consumo de dióxido de cloro para combatir la enfermedad del Covid-19.
La dirigente de la Coalición Cívica minimizó la gestión del gobierno argentino por traer al país una vacuna contra el coronavirus y ponderó indirectamente la elaborada por Pfizer y BioNTech, que también fue aprobada por ANMAT y el Poder Ejecutivo negocia para adquirir dosis, al resaltar que en ese proceso el oficialismo "redireccionó –casi en exclusividad- todo su esfuerzo para la adquisición de la vacuna Sputik V, soslayando otras opciones de vacunas" (Sic).
En toda la denuncia se pueden apreciar errores de ortografía, hasta el apellido de Vizzotti aparece alterado. El documento indica además que no se sabe cuánto pagó el Estado argentino por las 300.000 dosis de la vacuna desarrollada en Rusia, “un producto cuya respuesta inmune se ignora y que no garantiza la seguridad de la población sometida a su aplicación, porque se ignoran los efectos colaterales y/o adversos”.
La denuncia indica que “la contratación y adquisición de esta vacuna, parece haber desplazado las otras opciones que ya completaron sus fases de experimentación y que han comenzado a aplicarse en países europeos y EEUU”.
Según "Lilita", se trata de una “operación comercial sin precedentes” y ella reconoce ignorar -a pesar de los estudios y aprobaciones que la avalan- "si será apta para humanos de entre 18 a 60 años". No confirme, insiste con la ridícula fake news de la semana pasada: "Si sabemos (que) no lo será para cumplir -de momento- la finalidad de proteger a los adultos mayores”.
"Esta operación comercial pone en riesgo a la totalidad de la población argentina, en su integridad física y en especial a quienes serán sus primeros receptores. Tal anunció el gobierno argentino, será aplicada al personal de salud y seguridad; implicando esto, que serán ellos los elegidos para completar la Fase III, con desenlace impredecible y, con la posibilidad -según sus resultados- de tener bajas, en quienes tienen a su cargo la noble tarea de atender la cuestión de seguridad y sanitaria general", continúa la denuncia sobre el comienzo de la vacunación en el país con la Sputnik V.
