14.02.2021 / Judiciales

Moreau sobre el lawfare macrista: "Intentan que la causas vayan a Comodoro Py porque allí están los cómplices”

El diputado nacional del FDT afirmó que los ex funcionarios de Macri buscan llevar expedientes a los tribunales de Retiro "para protegerse", luego de que Casación remietiera allí la causa del espionaje ilegal de la AFI PRO. "La sacan de Lomas de Zamora y la tendrá ahora un señor que está procesado en un expediente por espionaje ilegal”, criticó en relación al fiscal Stornelli.




Paradójicamente, es la propia Justicia Federal la que demuestra -y para los escépticos "da letra"- que existe el lawfare en la Argentina con fallos y decisiones entre insólitas y escandalosas. En ese tránsito semántico se inscribe la determinación de la Cámara de Casación Penal que el viernes dispuso que la causa de la banda del espionaje ilegal macrista desde la AFI, que operó en diversas latitudes y con operaciones de variada índole, pase de Lomas de Zamora, donde lleva más de un año siendo investigada, a Comodoro Py a pedido de los ex funcionarios acusados

Ante esa situación, el diputado nacional del Frente de Todos y titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, afirmó ayer que los ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri “siempre intentan que las causas terminen en Comodoro Py porque buscan protegerse”.

"Porque allí están los cómplices de todas las situaciones que se armaron” durante la gestión de Macri, disparó sin anestecia el legislador en declaraciones a la señal C5N.

La decisión que el viernes tomó Casación de remitir a los tribunales federales de Comodoro Py una de las causas del espionaje ilegal fue a pedido de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, directores de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos y principales acusados en el expediente -ya que aún no llega al ex presidente-.

El máximo tribunal penal del país ordenó que la investigación, que estaba a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé hace un año, pase ahora a manos de la jueza María Eugenia Capuchetti -que ya la había rechazado y que es la única magistrada que Macri nombró en Comodoro Py- y del fiscal Carlos Stornelli, justamente procesado por extorsión en una causa que tiene en su poder Alejo Ramos Padilla cuyo núcleo también es una serie de hechos de espionaje estatal y paraestatal durante el gobierno PRO.

“Esta causa la sacan de Lomas de Zamora y la tendrá ahora un señor que está procesado en un expediente por espionaje ilegal por hacerle una cámara oculta a un abogado y quererle poner droga a la ex pareja de su mujer. Además aparece en un tramo de esta causa por las escuchas ilegales a los presos del Penal Ezeiza en ese caso de la llamada ‘Operación Puf’”, indicó Moreau.

El diputado nacional afirmó que “nunca hubo en un gobierno democrático una causa de espionaje ilegal tan grande” como la que se consumó durante la presidencia de Macri.

"Macri es el responsable máximo de todas estas operaciones. La denominada Mesa Judicial era una instancia que le respondía a él, y se usó para hacer todas estas maniobras extorsivas. Si los integrantes de la Corte tuvieran un mínimo de dignidad deberían ponerle un freno a todo esto”, denunció Moreau en relación a los recursos que presentarán los querellantes para que la causa por espionaje ilegal siga en los tribunales de Lomas de Zamora.

La decisión adoptada ayer por la Cámara Federal de Casación Penal se conoció antes de que Auge pudiera resolver la situación procesal de Arribas y Majdalani, para quienes los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían reclamado sus procesamientos.

Sólo una intervención de la Corte Suprema de Justicia podrá evitar que el expediente se asiente definitivamente en los Tribunales de Retiro, como lo solicitará Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, querellante en esta causa. El letrado que representa a la ex mandataria ya le anticipó sus pasos por escrito al juez Auge.

Fuentes judiciales sostuvieron, en diálogo con Télam, que el máximo tribunal no suele hacer lugar a esos planteos porque sostiene que los conflictos de competencia deben ser dirimidos por el propio tribunal superior en materia penal, que en este caso es la Casación.

No obstante, Beraldi anunció que recurrirá al máximo tribunal porque considera que la decisión adoptada por la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, es "un pronunciamiento manifiestamente arbitrario, que genera una situación de gravedad institucional inédita en tiempos democráticos".