El ministro de Economía,
Sergio Massa, anunció este fin de semana medidas económicas destinadas a aliviar el impacto de la devaluación sobre los ingresos y el consumo, y desde el Gobierno estiman que en promedio impulsará cerca de un 11% los salarios durante septiembre.
En definitiva, el objetivo del Gobierno es morigerar el impacto de la devaluación del 22% del tipo de cambio oficial y la disparada casi del doble de inflación que se espera para agosto. La ministra de Trabajo,
Raquel Olmos, estimó en declaraciones a Radio 10 la suba porcentual que traerá a los trabajadores abarcados por la medida: “
Nuestro cálculo es el siguiente. Si uno hace promedio o incluso mediana de los salarios en convenio al mes de agosto, estamos más o menos en $292.000, en consecuencia los $30.000 que se pagarán en septiembre implican alrededor de un 11%”.
Así lo interpretaron también un grupo de pequeñas y medianas empresas locales. El titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina,
Marcelo Fernández, le dijo a Ámbito Financiero: “
Reconocemos el esfuerzo fiscal del Gobierno en la recuperación del salario otorgándonos el 50% de descuento en las cargas sociales, pero seguimos remarcando que es muy importante que si le damos plata a la gente se controlen los precios del consumo masivo para que ese aumento no vaya a quedar siempre en las mismas manos y sea repartido en la industria y el comercio”.
Mientras que desde el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) que pertenece a la CTA, estimó que el bono a pagar en dos tramos beneficiará unos 5,5 millones de trabajadores del sector privado registrado e implica movilizar una masa de recursos de $330.000 millones. El costo fiscal, porque el Estado absorberá una parte vía descuentos en contribuciones patronales, rondaría los $137.000 millones.
“Se trata de buscar un esfuerzo compartido con las empresas para recomponer ingresos”, explicaron en el Gobierno.
Aunque crecen las críticas desde el sector empresario, un ejemplo, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) que emitió un comunicado oficial en el que expresa
su “preocupación por la suma fija otorgada a trabajadores ya que son las negociaciones paritarias el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones”.
La entidad cuestionó la decisión y dijo que “buena parte de las empresas del país se encuentran en una delicada situación, debido a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija”. Por su parte, de forma más leve la Cámara Argentina de la Mediana Empresa también rechazó la decisión del Gobierno.
Queda saber qué decisión tomarán cada una de las provincias y los municipios respecto a los empleados públicos, ya que si bien Nación les aconsejo acompañar la medida de la suma fija el bono finalmente saldrá de sus propios prosupuestos.