Tras conocerse que el Gobierno nacional planea avanzar con la reducción del 10% de la planta estatal en el marco del plan coordinado por Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que podría adelantar el paro nacional previsto, en un principio, para el día en que el Congreso trate la reforma laboral. "El sector público no resiste más ajustes", alertó el titular del sindicato, Rodolfo Aguiar.
“Federico Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido", sostuvo el dirigente.
Según fuentes gremiales, la nueva etapa del recorte se enmarca en la reestructuración posterior al triunfo legislativo del oficialismo y
afectaría a unos 28.000 empleados, que se sumarían a los 58.797 puestos eliminados desde diciembre de 2023 entre organismos centralizados y descentralizados, personal de seguridad y empresas estatales.
El seguimiento del plan quedó bajo control directo del presidente Javier Milei, quien ordenó revisar estructuras y funciones en más de ocho áreas, con foco en organismos descentralizados como AFIP, ANSES, CONICET, INDEC, ANMAT, ENACOM, INTI e INTA, un giro que marca la salida del recorte exclusivamente sobre la administración central.
La motosierra estatal afectaría incluso a organismos ya reestructurados o disueltos, como el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, con 777 despidos, INADI, el Instituto Nacional Belgraniano y entidades transferidas o convertidas en unidades organizativas, parte de un ajuste que acumula 101 cierres o modificaciones hasta julio de 2025.
En paralelo, el Gobierno proyecta un retiro voluntario para los Medios Públicos que podría reducir parte de los 2.400 trabajadores de la Televisión Pública y Radio Nacional, en línea con el objetivo oficial de achicar la estructura y avanzar en procesos de privatización o reconversión.
Aguiar cuestionó la narrativa oficial sobre el gasto estatal y sostuvo que “el Gobierno miente”,
al remarcar que los contratados representan menos del 0,5% del presupuesto frente a una deuda externa superior al 25%, mientras las autoridades justifican el recorte como camino hacia un Estado más eficiente.
Ante la inminencia del vencimiento de contratos y la posibilidad de nuevos despidos, ATE advierte que el conflicto podría escalar y que la medida de fuerza podría adelantarse al debate de la reforma laboral en el Congreso, en un escenario que promete mayor tensión entre el Gobierno y los trabajadores del sector público.