El Gobierno de Javier Milei difundió un texto preeliminar de reforma laboral que encendió las alarmas entre gremios y sindicatos por la extensión de los períodos de prueba, las nuevas formas de organización horaria y la implementación de condiciones más laxas para el cese de la relación laboral. Además, se destaca la incorporación de reglas específicas para el empleo doméstico y los repartidores.
Uno de los cambios más significativos afecta al personal de casas particulares, donde se prevé que todo contrato nuevo quede automáticamente bajo prueba durante seis meses
, lapso en el cual cualquiera de las partes puede finalizar la relación sin indemnización, aunque el empleador queda impedido de usar reiteradamente ese mecanismo sobre la misma persona.
El borrador también actualiza derechos y obligaciones para el servicio doméstico:
establece jornadas máximas de 8 horas diarias o 48 semanales, define descansos mínimos, exige un seguro contra riesgos del trabajo y habilita que la provisión de ropa o elementos laborales se sustituya por un pago no remunerativo al cierre del período de prueba.
En materia administrativa, se dispone que los recibos salariales pasen a emitirse de manera electrónica a través del sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y que los bancos aporten constancias que funcionen como prueba válida de pago, un esquema pensado para ampliar la trazabilidad de las operaciones y reducir conflictos judiciales.
Respecto del trabajo en aplicaciones, el proyecto consolida un régimen propio para repartidores y mensajeros urbanos, a quienes define como independientes, con libertad para conectarse, aceptar pedidos, elegir recorridos y organizar su prestación sin mínimos obligatorios, mientras obliga a las plataformas a brindar información clara, capacitaciones y accesos ágiles a reclamos.
El texto también fija obligaciones para los repartidores, como la inscripción impositiva ante ARCA, el cumplimiento de normas de tránsito y la identificación bancaria para el cobro, a la vez que garantiza derechos vinculados a la transparencia algorítmica, el acceso a datos personales y la cobertura mediante un seguro de accidentes personales contratado por acuerdo entre las partes.
Finalmente, el borrador equipara la actualización de créditos e intereses judiciales del servicio doméstico con la Ley de Contrato de Trabajo aunque mantiene a ese sector fuera del régimen general “salvo disposición expresa”, un punto que, según el texto, busca evitar vacíos legales pero que ya genera debate por el alcance real de estas modificaciones.