El Consejo de Mayo propuso liberar la compra de Tierras para extranjeros y eliminar la restricción tras incendios

El Gobierno anunció que entre las reformas que enviará para tratamiento legislativo a partir del documento final del Consejo de Mayo se incluye la reforma de la Ley de Tierras, con la que buscará liberar la compra de tierras rurales para extranjeros y cambiar la Ley de Manejo del Fuego. El Consejo de Mayo, cuerpo colegiado que reúne a representantes de la CGT, la UIA, y autoridades nacionales y provinciales, presentó el martes un paquete de propuestas legislativas que incluyen reformas cruciales para el sector agropecuario, según detalla el documento oficial. Las modificaciones buscan eliminar lo que el Consejo considera obstáculos a la inversión y la propiedad privada en el campo.

Una de las iniciativas más destacadas apunta a la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, que actualmente impone límites a la adquisición de campos productivos por parte de capitales extranjeros. El Consejo argumenta que la normativa vigente actúa como un "obstáculo" para la inversión externa necesaria en el sector. Amparándose en preceptos constitucionales, el Consejo recomienda "liberar la compra por parte de extranjeros privados" de tierras rurales. No obstante, la propuesta mantiene una restricción: la adquisición de tierras por parte de entes estatales extranjeros seguirá sujeta a autorización previa, una medida que se justifica para preservar los "intereses estratégicos y la seguridad nacional".

Otro punto central de la reforma es la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815), aprobada en 2020. El Consejo busca la derogación de los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quáter, argumentando que estos "castigan injustamente al propietario". La legislación actual prohíbe a dueños o locatarios alterar la finalidad productiva de un campo por 30 a 60 años tras un incendio, incluso si fue accidental, lo que se considera una "catástrofe doble" que disminuye la capacidad de recuperación económica del productor.

En esa línea, se impulsa la restitución del artículo 22 bis a su redacción original, previa a las modificaciones de 2020. El Consejo considera que las prohibiciones actuales son "desproporcionadas e innecesarias" y violan el derecho de propiedad privada con un impacto negativo directo en la capacidad del campo para adaptarse y recuperarse productivamente.

Finalmente, se propone flexibilizar la Ley de Bosques (Ley 26.331) para facilitar el manejo sostenible y el desmonte en ciertas áreas. El cambio sustancial es que solo las intervenciones en zonas de alta conservación (categorías I -roja- y II -amarilla-) seguirán requiriendo autorización previa. En las zonas de menor impacto ambiental (categoría III -verde-), los productores solo deberán informar su actividad a la autoridad, buscando agilizar procedimientos administrativos y fomentar el aprovechamiento forestal sostenible.

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