11.12.2025 / Política
El ataque del Gobierno a la Justicia Nacional del Trabajo: en la reforma laboral, sumó el traspaso de juzgados nacionales laborales a la Ciudad
La decisión de último momento sorprendió porque el traspaso de los juzgados nacionales del trabajo parecía haber entrado en una nebulosa porque el Gobierno Nacional no parecía dispuesto a acelerar esa decisión, que debería instrumentar el Ministerio de Justicia. Los detalles.
Javier Milei firmó en las últimas horas el proyecto de reforma laboral que irá al Congreso con un sorpresivo agregado de último momento que causará un fuerte impacto: el artículo 91, que no figuraba hasta ahora, determina que la Justicia Nacional del Trabajo “mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de CABA”.
“Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”, dice el artículo, que se incorporó de manera inesperada ya que no figuraba en la versión que se difundió oficialmente este martes.
La decisión se convirtió en una señal de que el Gobierno está dispuesto a acelerar el traspaso de los juzgados laborales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica disolver los que funcionan hoy a nivel nacional.
El Gobierno ya tenía en la mira a los jueces laborales ante una andanada de fallos "adversos", que incluyeron la invalidez constitucional del DNU 70, entre otros, y tenía expectativa en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) a partir de un fallo de la Corte Suprema dictado en diciembre pasado que habilitó al tribunal porteño a intervenir como instancia superior en causas civiles, comerciales, laborales y penales.
Pero quedaba pendiente, de todas formas, el traspaso de los juzgados nacionales del trabajo a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, en sintonía con la autonomía porteña establecida por la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994.
La inclusión sorpresiva del artículo 91 en la reforma laboral es interpretada en el Gobierno porteño como una señal de Milei de que se acelerará el traspaso de los juzgados del trabajo a la Ciudad y, por ende, la disolución del fuero nacional.
El Ministerio de Justicia nacional determinó la creación de una comisión destinada a estudiar y analizar la transferencia de competencias, iniciativa que fue rechazada por la Justicia nacional, a través de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictado en febrero de 2024, aunque recibió el aval de la Corte Suprema en varios fallos.
En julio pasado, la Justicia Federal ratificó el freno al proyecto de traspaso iniciado por el Gobierno porteño al crear su propio fuero laboral, ya que la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar que suspendía la puesta en marcha de los nuevos tribunales del trabajo de CABA.
La sentencia se dictó ante una presentación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que interpretó que la Ciudad no puede arrogarse competencias que todavía dependen del Poder Judicial de la Nación, en contradicción con el fallo de la Corte por el caso Levinas, que le cedió al fuero porteño el rol de última instancia revisora de la justicia nacional.
Funcionarios libertarios admitieron que la novedad incorporada en la reforma “es un misil” contra los jueces laborales y que Milei está dispuesto a librar esa batalla porque “hay que cumplir con la Constitución y es lo que pide la Corte Suprema”.
En julio pasado, en la Casa Rosada dejaron trascender que el Presidente estaba "muy preocupado por el récord de demandas judiciales" que se alcanzará en 2025 en el Sistema de Riesgos del Trabajo y, a la vez, por la ola de fallos de la justicia laboral que benefician a trabajadores y perjudican al Gobierno.
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