La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal intimó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a brindar información detallada sobre los envíos de oro al exterior a partir de un planteo de la Asociación Bancaria. Sin embargo, la entidad mantiene su postura de no transparentar las decisiones adoptadas sobre las reservas.
La Cámara anuló una decisión previa que había avalado al Banco Central a no dar información, y cuestionó que el organismo usara el argumento del secreto sin justificar cómo eso podía afectar la seguridad de las reservas.
Desde el gremio bancario sostuvieron que la negativa del Central impide el control social sobre decisiones con impacto directo en la economía, la política financiera y la credibilidad institucional,
mientras que la Cámara advirtió que la reserva total de la información resulta incompatible con los principios de transparencia, máxima divulgación y buena fe.
En ese sentido, los jueces señalaron que "no toda la información requerida implica revelar la ubicación geográfica de las reservas", y que el criterio adoptado por el BCRA no resulta proporcional al interés que dice proteger, al tiempo que calificaron los argumentos oficiales como afirmaciones genéricas sin sustento probatorio.
Entre los datos solicitados figuran la confirmación de las operaciones de envío de lingotes, los montos involucrados, el ámbito en el que se adoptaron las decisiones, la identificación de los funcionarios intervinientes, la existencia de seguros y la eventual notificación a los órganos de control interno del organismo.
En paralelo, según pudo reconstruir Ámbito, la Auditoría General de la Nación habría advertido ante el Congreso que el BCRA, bajo la conducción de Santiago Bausili, obstaculizó durante meses las tareas de auditoría sobre los lingotes enviados al exterior y
llegó a informar que no existen contratos que respalden esas operaciones, lo que dejó sin sustento formal cualquier intento de control.
Ese escenario abrió un nuevo frente institucional, ya que la AGN, ahora con nuevas autoridades definidas por el Congreso, quedó habilitada para avanzar judicialmente por entorpecimiento de sus funciones, mientras persisten las dudas sobre el destino final de lingotes valuados en miles de millones de dólares. Al momento, el propio organismo auditor insiste: "No podemos saber dónde está específicamente el oro”.