23.12.2025 / RIESGO AMBIENTAL

Nueva movilización en Mendoza en defensa del agua y contra los proyectos de megaminería

La protesta se da tras la aprobación legislativa de iniciativas mineras impulsadas por el Ejecutivo provincial, en un contexto de creciente conflictividad social y cuestionamientos por el impacto ambiental sobre los recursos hídricos.





Organizaciones vecinales y ambientales de Mendoza volvieron este martes a las calles para manifestarse frente a la Casa de Gobierno provincial con el objetivo de rechazar el avance de proyectos de megaminería recientemente avalados por la Legislatura y el Ejecutivo local y reinstalar el debate público sobre la protección del agua en una provincia atravesada por la escasez hídrica.

La movilización se inició en Uspallata y en otras localidades del interior y confluyó en la capital con consignas centradas en el rechazo al proyecto minero San Jorge, cuya Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada días atrás junto a otras iniciativas que contemplan la extracción de minerales, principalmente cobre.

Las asambleas denuncian que la megaminería representa riesgos significativos para los recursos hídricos, en un contexto de sequía persistente y fragilidad ambiental, y advierten sobre los efectos a largo plazo que podría tener este tipo de explotación sobre el agua, un insumo clave para la producción y la vida cotidiana en Mendoza.

La protesta se inscribe en una serie de acciones que se vienen desarrollando desde hace más de 20 días en distintos puntos de la provincia, con caravanas y concentraciones en departamentos como Lavalle, Valle de Uco y el Este mendocino, algunas de las cuales derivaron en episodios de represión policial y en la detención de activistas, dos de los cuales continúan privados de su libertad.

La fecha de la marcha remite además a la masiva movilización de 2019 contra el intento de modificar la Ley 7722 y se da en un escenario político marcado por una nueva ofensiva minera impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, quien días atrás cuestionó la consigna histórica del movimiento ambiental al afirmar que “el agua sí se negocia”, mientras desde el Gobierno provincial defienden los proyectos por sus supuestos beneficios económicos y organizaciones sociales reclaman un debate más amplio y estudios ambientales más exhaustivos.