30.12.2025 / POLÉMICA
Yedlin presentó un proyecto contra la disolución de la ANDIS y advirtió que “debilita la institucionalidad”
El diputado nacional de Unión por la Patria impulsó una iniciativa en la Cámara baja para rechazar la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad y exigir garantías sobre la continuidad de las políticas públicas y la preservación de la documentación.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, presentó un proyecto de declaración que alertó sobre los riesgos institucionales del anuncio del Gobierno nacional de desjerarquizar la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyas funciones pasarían a depender del Ministerio de Salud. La iniciativa reunió las firmas de referentes del principal bloque opositor y buscó frenar una decisión que, según advirtió, afectó derechos y políticas sensibles.
En el texto, el legislador tucumano señaló que la transferencia de funciones al Ministerio de Salud, actualmente a cargo de Mario Lugones, se realizó sin un plan integral de transición que garantizara la continuidad de las políticas públicas, la preservación documental y la transparencia administrativa. En ese marco, advirtió que la medida comprometió seriamente el funcionamiento del área.
“Estamos ante una medida que no solo debilita la institucionalidad de las políticas de discapacidad en la Argentina, sino que pone en riesgo la documentación en un área que actualmente es objeto de investigaciones judiciales y periodísticas”, sostuvo Yedlin al fundamentar el proyecto presentado en la Cámara de Diputados.
En ese sentido, el proyecto exhortó al Poder Ejecutivo a publicar de manera inmediata los actos administrativos vinculados a la disolución o transferencia de funciones, junto con sus fundamentos técnicos, presupuestarios y jurídicos. También reclamó garantizar la continuidad plena de las prestaciones y programas para personas con discapacidad, resguardar toda la documentación física y digital, someter el proceso a auditorías de los organismos de control y permitir la supervisión del Congreso, además de asegurar la participación de las organizaciones representativas del sector y el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
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