“Estado policial”: el rechazo de la oposición al DNU que concede mayores facultades a la SIDE

Referentes de la oposición salieron a rechazar con dureza el decreto de necesidad y urgencia con el que el Gobierno de Javier Milei reformula la Ley de Inteligencia Nacional, amplía las facultades de la SIDE y redefine el esquema de seguridad e inteligencia, una decisión que, según advirtieron, elude el debate parlamentario y consolida un modelo con rasgos represivos.

Las críticas comenzaron apenas trascendió el contenido de la norma que fue publicada en el Boletín Oficial y que convierte a la SIDE en el núcleo del sistema, centraliza información sensible, habilita la cooperación con fuerzas armadas y de seguridad y crea un Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, en un reordenamiento que generó alarma por su alcance y su forma de implementación.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro calificó la reforma como un “retroceso intolerable y de nulidad absoluta” y sostuvo que el decreto “no tiene ni necesidad, ni urgencia”, bajo la advertencia de que “si el Presidente quería reformar la Ley, podía y debía haber enviado un proyecto al Congreso”. Además, señaló que a Milei “no le gusta gobernar según la Constitución porque para él es un obstáculo y prefiere siempre los atajos”.

Desde el peronismo, Agustín Rossi afirmó que el texto “fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina”, mientras que Jorge Taiana alertó que la reforma busca darle “un marco legal a lo que ya hacen y a lo que quieren hacer” y advirtió que “la consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores”.

Las objeciones también alcanzaron al impacto sobre Defensa y las Fuerzas Armadas, ya que Taiana sostuvo que “subordinan la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más en convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad” y que “se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional". 



Asimismo, el rechazo se amplió a otros espacios: Esteban Paulón sostuvo que el DNU “generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei” y alertó que “la interna entre Karina y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional”. En tanto, Ricardo Alfonsín se declaró “preocupado” y pidió que los cambios sean “dialogados, debatidos, consensuados”, Christian Castillo denunció “un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas y en la legalización de un estado policial” y Leopoldo Moreau calificó la norma como una “suma de aberraciones”, un “claro retroceso democrático” que “viola la Constitución Nacional”.

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